El portavoz del Grupo Municipal AxSí, Fran Romero, y la viceportavoz de la formación, Maite Lebrero, han mantenido un encuentro con la presidenta del comité de empresa y representantes sindicales de las auxiliares del servicio municipal de ayuda a domicilio, que han denunciado ante la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social a la empresa adjudicataria de este servicio por reiterados incumplimientos del contrato.
Incumplimientos que continúan cuando se avecina una posible prórroga de dicho contrato, ya que se firmó en marzo de 2019 con una vigencia de tres años con opción a dos más y los tres primeros años concluirán en marzo de 2022. Además, al haberse incrementado recientemente el importe del contrato estaríamos hablando de nada más y nada menos que de 10,6 millones de euros en cinco años. También hay que recordar la importancia de este servicio, en el que trabajan 156 mujeres que atienden a 317 personas en situación de dependencia.
Los representantes sindicales dieron a conocer ayer uno de estos incumplimientos, que se refiere al ahorro en compra de vestuario para las trabajadoras. Por contrato la empresa está obligada a gastarse 186 euros por cada trabajadora en dicho concepto cada año, aunque la media de gasto real es de tan sólo 42 euros. “Lamentablemente, este proceder por parte de la empresa adjudicataria no es nuevo. Desde un principio AxSí ha estado al lado de las reivindicaciones de estas profesionales y en lo que va de año hemos visibilizado esta realidad a través de diversas acciones. En enero llevamos una moción al Pleno para que la vacunación contra la Covid-19 de estas profesionales fuese prioritaria, en febrero denunciamos como no se les aportaba los medios de protección necesarios para prevenir los contagios por Covid-19 y en marzo insistíamos en la necesidad de que el Ayuntamiento subiese el precio de la hora trabajada para evitar contratos precarios de en torno a 500 euros mensuales”, señala el líder de AxSí.
Romero señala como principal culpable de esta situación al equipo de gobierno, por su ausencia de control de la prestación del servicio. “Cavada y sus concejales de Desarrollo Social y Políticas Sociales, el señor Armario y la señora Barrera, miran para otro lado en lo que a la complicada situación de estas 156 trabajadoras se refiere. Y lo hacen al no fiscalizar la labor de la empresa adjudicataria, al no someterla al debido control de sus obligaciones, al no penalizar cada incumplimiento contractual y al no hacer caso ni escuchar a las personas afectadas. Y esa no es la actitud que se merecen unas profesionales que se dejan lo mejor de sí mismas, a pesar de hacerlo en unas circunstancias que dejan mucho que desear, para atender a un colectivo tan vulnerable como las personas dependientes, a las que la pandemia ha hecho aún más vulnerables. Esta situación es lamentable y por eso las afectadas nos encontrarán a su lado en sus reivindicaciones”, indica el portavoz.
De esta forma, desde AxSí se exige al equipo de gobierno que escuche y atienda estas reivindicaciones y que de una vez por todas ejerza una tarea de control y fiscalización minuciosa de la labor de la empresa adjudicataria, obligándola a cumplir sus obligaciones contractuales y penalizándola en el caso de que no lo haga.
