Carmen (nombre ficticio) necesita una dosis diaria de Relvar. En ocasiones, cuando se siente muy mal, dos. Sin el broncodilatador, su capacidad pulmonar, desde que padeció Covid hace un año y medio, se ve seriamente mermada. Enfermera del Hospital Puerta del Mar, en Cádiz, sufre problemas para caminar deprisa o subir una cuesta pronunciada. También halla dificultades para trabajar porque se cansa con cierta facilidad y mucho pero, en cuanto viste la bata blanca, ahoga sus lamentos porque sabe que puede salir perjudicada.
Desde que superó la enfermedad, que le llevó a estar hospitalizada en pleno confinamiento durante tres semanas, se somete a revisiones periódicas con el neumólogo y teme que las secuelas condicionen su vida diaria en mayor medida conforme pase el tiempo.
“No sé si puedo achacar mis problemas motores al coronavirus”, admite, por su parte María del Mar, también enfermera, pero, como Carmen, le causa pavor, en cualquier caso, que la infección por coronavirus le traiga consecuencias ahora o en el futuro porque se siente desamparada.
“Me contagié en el hospital junto a todos los compañeros de mi unidad por un paciente porque entonces (en marzo de 2020), el Servicio Andaluz de Salud (SAS) nos mandó a hacer frente a la pandemia sin mascarillas, asegurando que no eran necesarias solo porque la Junta no tenía capacidad para proporcionárnosla, como si fuéramos bomberos sin manguera”, explica.
Sin síntomas, solo supo que había pasado la infección tras un análisis serológico semanas después. “Puse en conocimiento de la autoridad sanitaria mi caso, para que constara de alguna manera y que el SAS lo tuviera en cuenta como accidente de trabajo pero un año y medio después -denuncia- no he tenido respuesta alguna”.
Noelia Blázquez, delegada de la sede provincial del Sindicato de Enfermería (Satse), recuerda, al respecto que, “en estos momentos se requiere aún que los servicios de riesgos laborales correspondientes dictaminen en cada caso si el contagio de un sanitario por Covid-19 ha ocurrido durante el ejercicio de su profesión, lo que supone un claro perjuicio para estos profesionales”.
El sindicato se ha visto obligado, añade, “a recurrir a la vía judicial para acabar con esta lamentable situación, obteniendo hasta el momento un notable éxito al compartir los tribunales de justicia sus argumentos y dar la razón a la organización”.
El objetivo último es el reconocimiento del contagio como enfermedad profesional derivada de accidente de trabajo para el personal sanitario. “Supondría un avance justo y merecido que ofrecería mayores garantías y tranquilidad a unos profesionales que se están enfrentando todos los días a la pandemia con el consiguiente grave riesgo para su salud y seguridad”, razona.
E insiste en que se consideren de manera directa enfermedad profesional, tal y como recomendó la Organización Mundial de la Salud (OMS). “Es la manera de reconocer el esfuerzo, dedicación y entrega de los profesionales sanitarios que ponen por delante de su salud la atención y cuidados que requieren sus pacientes y el conjunto de la ciudadanía”, remarca la representante sindical.
El Gobierno central, sin embargo, no parece dispuesto a satisfacer esta demanda. De acuerdo a una respuesta parlamentaria del pasado 18 de octubre, arguye que “existe riesgo de propagación del agente biológico a toda la población”.
“En esta circunstancia, para considerar que las personas que realizan una actividad y se han contagiado de Covid sufren una enfermedad profesional, no puede bastar que concurran el contagio por ese agente biológico y la actividad en la que pudo producirse el contagio (...). Cabe sospechar que pudo haberse contraído en cualquier lugar y con ocasión de cualquier otra actividad distinta al trabajo, incluso en el entorno familiar”, concluye el Ejecutivo para justificar su postura.
