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Viernes 01/11/2024
 

España

Cs apunta a la responsabilidad política de Cospedal y Rajoy en 'la Kitchen'

Ciudadanos cree probado que se montó en Interior. Denuncia en sus conclusiones de la comisión del Congreso que fue una operación de "corrupción al cuadrado"

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  • Rajoy y Cospedal -

Ciudadanos considera probado que la operación 'Kitchen' existió, que se han reunido suficientes indicios para afirmar que se montó en el Ministerio del Interior bajo el mandato de Jorge Fernández Díaz y que los responsables políticos del espionaje al tesorero del PP Luis Bárcenas son el ex presidente del Gobierno y del PP Mariano Rajoy y la que fue secretaria general de la formación, María Dolores de Cospedal.

Así lo expone el partido naranja en el documento que registrará el próximo lunes en el Congreso, a modo de conclusiones de la investigación que durante un año ha tenido abierta el Congreso sobre esta trama destinada a robar a Bárcenas pruebas que pudieran implicar a dirigentes del PP en tramas de corrupción.

En sus conclusiones, a las que ha tenido acceso Europa Press, Ciudadanos recoge parte del auto con el que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón puso fin el pasado mes de julio a la instrucción de este caso.


La formación naranja sostiene que, a tenor de los indicios que menciona el juez, se puede concluir que 'Kitchen' existió. En su opinión, más allá de las responsabilidades penales que se puedan derivar de la misma, "resulta indudable" que el Gobierno del PP usó "medios personales y materiales pertenecientes a la Administración General del Estado con la finalidad ilegítima que sustraer determinados medios de prueba en poder de Luis Bárcenas".

Esa utilización de medios públicos, incluidos fondos reservados, detalla Ciudadanos, se llevó a cabo "a través del entonces ministro del Interior, del secretario de Estado de Seguridad y de altos cargos y diversos comisarios y funcionarios todos ellos de la Policía Nacional".

ES "INCONCEBIBLE" QUE NO LO SUPIERAN

Ciudadanos recuerda que García Castellón deja fuera de su juicio provisional la posible responsabilidad penal de Cospedal y de Rajoy, pero defiende que los indicios permiten afirmar que "la responsabilidad política de hechos tan graves" corresponde "al Partido Popular y al Gobierno de España".

"No hay pruebas suficientes desde el punto de vista penal, pero resulta inconcebible que tan altos cargos del partido y del Gobierno desconocieran estas operaciones orquestadas por los entonces ministro del Interior y secretario de Estado de Seguridad", plantea al formación naranja.

Es más, añade que, "incluso en el improbable caso de que las desconocieran, su responsabilidad política vendría de la mano de su evidente negligencia en elegir a personas con altas responsabilidades políticas y administrativas que pudieran desarrollar estas conductas o en vigilarlas para que no las realizaran".

Ciudadanos abunda en la gravedad de la 'Kitchen', una operación en la que se usaron "medios personales y materiales públicos" y cuyo objetivo era una "acción de obstrucción a la justicia" a través de la sustracción de pruebas.

Los de Inés Arrimadas también resaltan el hecho de que mientras tenía lugar la "destrucción de pruebas" existieron contactos entre un representante de confianza Bárcenas y el abogado del Partido Popular, Jesús Santos, propiciados por el entonces magistrado de la Audiencia Nacional y hoy Consejero de Justicia del Gobierno de la Comunidad de Madrid y responsable de Justicia del PP, Enrique López.

"Políticamente, se trata de una corrupción sobre otra, de una corrupción elevada al cuadrado: es el uso de recursos de todos los españoles puesto al servicio de una operación para tapar otra trama de corrupción", resume en sus conclusiones.

QUE DONEN LOS FONDOS QUE UTILIZARON

Además, Ciudadanos sugiere que se pida al PP que done para actividades de interés general las cantidades de dinero público que se utilizaron para sufragar la 'Kitchen' y que lo haga a modo de "indemnización" una vez que sean cuantificadas por la Justicia.

Por último, la formación naranja aprovecha sus conclusiones para incluir como recomendaciones las reformas legislativas que, a su juicio, deben llevarse a cabo para fomentar el descubrimiento de casos de corrupción como este y su petición de "despolitizar los órganos constitucionales".

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