El Defensor del Pueblo estudiará los ataques ocurridos contra viviendas y bienes de familias gitanas ocurridas en las localidades de Peal del Becerro (Jaén) e Íllora (Granada) en respuesta a los homicidios que presuntamente han cometido personas de esa etnia este verano.
Representantes de la Sociedad Gitana Española se han reunido este viernes con miembros de la oficina del Defensor para reclamar protección ante esos ataques, el último de ellos ocurrido esta semana tras una manifestación para exigir justicia por el homicidio de un chico de 19 años en Íllora.
Tras esa protesta, un grupo de personas se dirigió a las casas de familiares del presunto homicida -que en ese momento se encontraba huido y que se entregó el día siguiente- y las vandalizaron.
Un mes antes, otra manifestación en Peal del Becerro tras el homicidio de un vigilante de discoteca derivó en ataques a viviendas y vehículos, aunque en ese caso ni siquiera guardaban relación con los detenidos, dado que la Policía impidió el pasó a la calle donde residían sus familias.
Este viernes, representantes de la asociación Sociedad Gitana Española, encabezados por su presidente, Sinaí Jímenez, han trasladado su preocupación al Defensor en una reunión de la que han salido satisfechos ante el compromiso de que van a hacer todo lo posible para que "las personas que han llevado a cabo estas actuaciones e incumplimientos contra el pueblo gitano paguen por ello".
Jiménez ha declarado a los periodistas tras el encuentro que el Defensor "ha iniciado actuaciones para saber por qué las familias gitanas no tienen vivienda, por qué no tienen un duro para comer y cuáles son las actuaciones que se han llevado a cabo desde las administraciones públicas para que se sientan protegidas".
Los representantes de la asociación han explicado que ya han conseguido dar alojamiento a las siete familias exiliadas de Peal de Becerro, pero aún tienen que conseguir la escolarización de los menores, ya que actualmente no tienen empadronamiento en ningún domicilio.
En el caso de Íllora, los afectados no se han puesto en contacto con su asociación, por lo que por ahora no pueden tratar el asunto de manera personalizada.
La principal denuncia de la asociación es que ese tipo de reacciones violentas solo se producen cuando está implicada una familia gitana, dado que sí cualquier otro joven comete un crimen, no se acusa y castiga a la familia como ha ocurrido en estos dos pueblos.
Por ello, reclaman que lo ocurrido este verano sea "un antes y un después" y que todo acto de "antigitanismo" sea castigado con todo el peso de la ley, como se aprobó en la reforma del Código Penal que salió del Congreso el pasado mes de mayo.
