Ahora, que el presidente Moreno ha interpelado a los empresarios catalanes para recordarles que Andalucía es tierra de inversión, no me resisto a vincular ambas comunidades pero, en esta ocasión, desde un desigual punto de vista judicial. José Antonio Griñán y Jordi Pujol, dos ejemplos de lo que puede ocurrir dependiendo del poder de una familia, de su entorno y de la comunidad en la que residan.
De la pieza política del caso de los ERE poco les voy a contar ya a excepción de que figurará en los libros de historia como el mayor caso de corrupción en Andalucía que provocó la caída del gobierno socialista tras casi cuarenta años en el poder. Independientemente de que Griñán entre o no en prisión, la mácula ya quedará perenne.
Por contra, la causa del clan Pujol se remonta a hace diez años, cuando se descubrió la fortuna familiar oculta del expresidente catalán al que se le acusa, junto a sus siete hijos, de asociación ilícita y blanqueo de capitales. Pues bien, un año y tres meses después de que el juez les enviase al banquillo, aún no se ha celebrado la vista. Además, solo uno de los veinte acusados, un hijo de Pujol, estuvo en prisión preventiva y solo durante siete meses. ¿Escuchan en la clase política catalana a alguien reclamando que se celebre el juicio? ¿Que Pujol vaya a prisión? La respuesta es no.
Hace algunos años el ex secretario general del PA, Miguel Ángel Arredonda, habló de un poder catalán y un poder andaluz al equiparar que Pujol estaba en la calle mientras Pedro Pacheco, quien ahora también pide ser indultado para volver a la política municipal, estaba en prisión por contratar ilegalmente a dos personas. Y no le faltaba razón.
Ahora, la equiparación es con dos ex presidentes de gobierno autonómico. Uno, el catalán, al que se le ha encontrado una fortuna oculta y ni siquiera ha sido juzgado; y otro, el andaluz, que no se ha apropiado de fondos públicos pero que ha sido condenado por la concesión arbitraria y sin controles de subvenciones por valor de 680 millones de euros. En Cataluña, no existe ningún debate abierto sobre el futuro judicial del expresident de la Generalitat -mucho menos ahora tras sufrir un ictus-; y en Andalucía, hasta el propio presidente de la Junta reclama el cumplimiento de la condena y, por lo tanto, el ingreso en prisión. Catalanismo pragmático frente a legalidad andaluza. Ésa es la cuestión.
