El expresidente francés Nicolas Sarkozy se sienta en el banquillo a partir de este lunes para intentar revertir en apelación la condena a tres años de prisión, uno de ellos firme, por haber intentado supuestamente corromper a un alto magistrado en 2013 y 2014.
En este juicio ante el Tribunal de Apelación de París que está previsto que se prolongue hasta el viernes 16, comparecen además de Sarkozy el que era su abogado en el momento de los hechos, Thierry Herzog, y el antiguo magistrado Gilbert Azibert.
Los tres fueron sentenciados en primera instancia en marzo de 2021 a la misma pena de tres años de cárcel, uno de ellos de obligado cumplimiento en régimen de privación de libertad con detención en sus respectivos domicilios controlada con brazalete electrónico.
A Herzog, además, se le impuso la prohibición de ejercer el oficio de abogado durante cinco años.
Según la acusación, el que fue presidente de Francia entre 2007 y 2012 intentó después de dejar el Elíseo obtener informaciones confidenciales sobre una instrucción en la que podía aparecer como implicado en un abuso de debilidad de la multimillonaria Liliane Bettencourt, entonces nonagenaria y heredera del emporio L'Oréal.
Para conseguir esas informaciones y tratar de pesar sobre las decisiones judiciales que se iban a tomar en ese caso, estableció un pacto con Azibert, que ejercía de fiscal en el Tribunal Supremo.
A cambio de esa intervención, -siempre de acuerdo con la Fiscalía- Sarkozy le prometió usar de su influencia para que Azibert pudiera obtener un puesto prestigioso en Mónaco.
Uno de los principales elementos para la acusación son las escuchas telefónicas a las que estaba sometido el exjefe del Estado con su abogado a comienzos de 2014 por otro asunto, el de la posible financiación de su campaña electoral de 2007 con dinero del entonces líder libio, Muamar Gadafi.
Gracias a esas escuchas, los investigadores descubrieron que Sarkozy había abierto una línea telefónica bajo un alias, Paul Bismuth, dedicada especialmente a las conversaciones con Herzog.
Sarkozy, que a sus 67 años se encuentra retirado de la política activa, está acusado en primer lugar de haber intentado corromper a Azibert para su propio beneficio en el caso Bettencourt, y en segundo lugar de tráfico de influencias por las promesas que pudo hacerle para colocarlo en Mónaco.
Su condena por el Tribunal Correccional de París del 1 de marzo de 2021 fue la primera en la que un expresidente francés era sentenciado a una pena de cárcel firme, es decir que implica una privación de libertad efectiva.
Pocos meses después, en septiembre del pasado año, volvió a ser sentenciado a un año de cárcel, y de nuevo firme, en ese caso por la financiación ilegal de su campaña electoral de las presidenciales de 2012, en las que fue apartado del Elíseo por el socialista François Hollande.
