La correspondencia interna de obispos en Wisconsin directamente al cardenal Joseph Ratzinger, el futuro Papa, muestra que mientras los responsables eclesiásticos discutieron sobre la expulsión del cura, la prioridad mayor fue proteger a la Iglesia del escándalo, asegura el diario en su página web.
Los documentos proceden de la causa judicial abierta contra el reverendo Lawrence C. Murphy, que trabajó durante más de 20 años, entre 1950 y 1974, en una escuela para niños sordos de Wisconsin.
El arzobispo de Milwaukee en 1996, Rembert G. Weakland, envió dos cartas informando de ello, sin obtener respuesta, al cardenal Ratzinger, que entonces dirigía la Congregación para la Doctrina de la Fe, encargada de estudiar esos casos.
Después de ocho meses, el segundo responsable al frente de la doctrina oficial católica, el cardenal Tarsicio Bertone, actualmente secretario de Estado del Vaticano, ordenó a los obispos de Wisconsin iniciar un juicio canónigo secreto que podría haber terminado con al expulsión de Murphy del sacerdocio.
Sin embargo, Bertone paró el proceso después de que Murphy escribiese personalmente a Ratzinger diciéndole que ya se había arrepentido y que estaba enfermo.
“Sólo quiero vivir el tiempo que me queda en la dignidad de mi sacerdocio”, afirmaba el cura en la carta que envió al futuro Papa cuando ya se encontraba próximo a la muerte, que ocurrió en 1998. “Solicito su bondadosa ayuda en este asunto”, añadía.
Murphy nunca fue juzgado o sancionado por la Iglesia e incluso la policía y los fiscales hicieron caso omiso a las declaraciones de las víctimas, según los documentos en poder de The New York Times, que los obtuvo de los abogados de cinco hombres que demandaron a la Archidiócesis de Milwaukee.
En 1974, el sacerdote fue trasladado por el arzobispo William E. Cousins de Milwaukee a la Diócesis de Superior, en el norte de Wisconsin, donde pasó sus últimos 24 años trabajando con niños en colegios, iglesias parroquiales y en un centro de detención juvenil, según el diario.
El New York Times cita al portavoz del Vaticano, Federico Lombardi, que reconoció que era un caso “trágico”, pero añadió que el Vaticano no fue informado hasta 1996, años después de que las autoridades civiles investigaran y cerraran el caso.
