“Tenemos que hacer un esfuerzo por sancionar estas conductas, ya que es muy difícil conseguir que los inmigrantes testifiquen”, aseguró Francisco Javier Pérez, fiscal de extranjería en Barcelona.
Por su parte, el presidente de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), Emilio Sánchez, manifestó al respecto que uno de los principales problemas es que la víctima sometida a la explotación sexual suele estar en situación irregular, lo que impide que denuncie, ya que si lo hace se somete a un riesgo físico propio o de sus familiares.
Además, aseguró a los periodistas que la protección actual a estas personas es “muy limitada”, por lo que es "necesario" articular un sistema que garantice a estos inmigrantes que la denuncia que interpongan a las mafias explotadores no les va a generar ningún tipo de consecuencia desagradable.
Sánchez, que acudió ayer al congreso que conmemora el XXV Aniversario de la Unión Progresista de Fiscales y que se celebra hasta hoy, destacó que la perspectiva progresista acerca del papel de los inmigrantes en nuestra sociedad es “fundamental”.
Otra de las propuestas que se llevarán a cabo a lo largo de la jornada se refiere al artículo 318 del Código Penal, “que castiga los delitos de favorecimiento a la inmigración ilegal y que más que proteger los derechos de los extranjeros, protege únicamente el interés del estado”
