Siempre he dicho que la repetición de argumentos puede responder a dos motivos: la falta de solvencia de los mismos y/o la necesidad de hacer énfasis en ellos. En el primer caso, puede ocurrir que la postura defendida no tenga demasiado fuste y no quede más remedio que enmarañar el debate en torno a unas pocas ideas a falta de más sustento para la idea o posición que se pretende apoyar; también, es posible que no se nos ocurra mucho más que esgrimir y necesitemos ganar el debate por mero desgaste, agotando al adversario por repetición e insistencia en esas pocas ideas, incluso cuando ya se han rebatido y desmontado. En el segundo caso, la necesidad de énfasis responde a que la otra parte no termina de comprender o ignora de forma interesada lo que estamos diciendo. Ambos casos se dan en el ya tradicional mantra sobre la lista más votada que suele resonar tras cada proceso electoral.
Como saben ustedes, el candidato del Partido Popular lleva dando la matraca con esa idea de que debe gobernar la lista más votada desde antes de comenzar la campaña. De hecho, en el infame cara a cara (infame por negar la voz al resto de formaciones en un intento desesperado del bipartidismo por regresar), Núñez Feijóo trató de conseguir de Pedro Sánchez un compromiso por escrito para dejarle gobernar en caso de resultar, como a la postre fue, el candidato más votado. La idea repetida hasta la saciedad es que así se obedece al mandato mayoritario de los electores; sin embargo, esto es una falacia en términos objetivos y una aberración en términos democráticos. De hecho, sólo hay un matiz que impide que este trile del líder popular sea anticonstitucional en función del artículo 99 de nuestra Carta Magna. Pero vayamos por partes.
Es falaz afirmar que dejar gobernar a la lista más votada es obedecer a la voluntad mayoritaria de la ciudadanía, a no ser que se haya conseguido la mayoría absoluta del voto válido emitido. No siendo este el caso y teniendo una mayoría simple que no permite gobernar al PP ni pactando con su filial extremo, la voluntad mayoritaria del electorado pasa por los pactos post electorales. Del mismo modo, como dije anteriormente, es una aberración democrática. Si los de Génova han obtenido un 33,05 por ciento de los votos, hay un 66,95 por ciento del electorado que no quiere que Feijóo gobierne. Si sumamos a la ultraderecha, a fin de cuentas es una escisión extrema del PP, el porcentaje de votos asciende al 45,44 por ciento de los votos. Pero eso implica que un 54,56 por ciento de los votantes siguen sin querer que el Partido Popular gobierne, en este caso, apoyados por Abascal y los suyos. La democracia otorga el poder a las mayorías y, como ven, la mayoría del país no quiere un gobierno ultraconservador en lo ideológico y ultraliberal en lo económico.
Si lo pasamos al otro lado, es cierto que PSOE y Sumar juntos alcanzan un 44,01 por ciento de los votos, con lo que podríamos pensar que una mayoría más amplia no quiere un gobierno progresista. No obstante, la suma con el resto de socios (contaremos en un principio con la abstención de Junts a falta de que anuncien su no a la investidura) podría alcanzar un 49 por ciento de los votos si contamos con el voto afirmativo de todos los socios de la anterior investidura de Sánchez excepto la antigua Convergència i Unió. La mayoría sigue estando en contra, si bien la segunda votación de investidura (donde basta una mayoría simple) permite ser investido con mayoría simple daría como Presidente del Gobierno a Pedro Sánchez. Y, aún sin alcanzar la mayoría absoluta en ninguno de los casos, el país sería gobernable y estable como lo ha sido en los últimos cuatro años.
El artículo 99 de la Constitución hace de nuestro sistema político y electoral un sistema parlamentarista porque basa la legitimidad de un candidato para ser Presidente en la confianza del Parlamento, concretamente del Congreso de los Diputados. La propuesta de Núñez Feijóo chocaría de frente con esto, dado que pedir que gobierne la lista más votada sería pretender un sistema presidencialista. Lo único que hace que esta propuesta no sea inconstitucional es que lo hace de facto: sin cambiar la ley ni reformar la Constitución, pretende hacerlo de forma indirecta condicionando el voto (los apoyos) para obtener en segunda votación la confianza del Parlamento. Hecha la ley, hecha la trampa y de trampas a la ley saben nuestros líderes latín. También sería un fraude democrático en toda regla: lo que pide Feijóo es que el PSOE traicione a sus votantes bajo la premisa falsa de Puigdemont, ETA, Txapote y el hombre del saco. Olvida que Txapote no se presenta y que está hablando de partidos que a día de hoy son legales y han recibido respaldo ciudadano.
El problema es que la estrategia de los populares ha sido nefasta: han criminalizado a aquellos partidos a los que necesita ahora para entrar en La Moncloa y han basado sus esperanzas en que la suma con Vox le bastara. A ver si ahora aprenden que insultar a otros partidos no sirve y confiar en la ultraderecha sólo le pincha las ruedas y que repetir el mantra, falaz y aberrante, de la lista más votada no es el parche adecuado.
