La comisión municipal de Economía y Hacienda, Recursos Humanos, Innovación y Comercio de Granada ha dado su visto bueno este martes a la adaptación de la ordenanza de la recogida de la basura para 2024 incluyendo el cobro de la nueva tasa de vertederos puesta en marcha por el Gobierno central, que conlleva que el Ayuntamiento asuma aproximadamente 2,5 millones de euros anuales de "coste añadido" y a su vez que suba el recibo.
La medida, que habrá de ser aprobada en el Pleno del Ayuntamiento de Granada, ha sido aprobada con los votos del PP, que está en el gobierno local con mayoría absoluta, la abstención del PSOE, que ha pedido que la nueva tasa sea asumida por la Diputación, y el posicionamiento en contra de Vox, que considera que se basa en una "ley ideológica".
La concejal de Economía y Hacienda de Granada, Rosario Pallarés, que ha indicado que el Ayuntamiento no puede asumir el nuevo impuesto si no es "repercutiendo" su coste en los vecinos, ha detallado también que en 2025 la tasa tendrá que estar adaptada para dar cumplimiento a la nueva ley estatal al objeto de que los ciudadanos paguen conforme a los residuos que generan.
Se prevé que se haga de tal modo que suponga el "coste menor directo" para los ciudadanos, sin modificar ningún criterio de la ordenanza, manteniendo su distribución, y repercutiéndolo no en la cuota fija de recogida, sino en la variable, en el porcentaje determinado por el órgano de gestión tributaria.
Además, el Ayuntamiento también trabaja en una revisión para asumir el contenido de los objetivos de este impuesto dentro del nuevo pliego de condiciones del servicio municipal de recogida de basuras tras la estimación de un recurso del que estaba preparado desde el final del anterior mandato municipal.
Por otro lado, Pallarés ha adelantado que el Ayuntamiento trabaja para que, a lo largo de este mes noviembre, pueda estar concluido el expediente para el nuevo presupuesto para 2024, con especial atención a que la previsión de ingresos "se acerque a la realidad" para sobre ello asumir los gastos que se puedan "cubrir", una tarea que Economía y Hacienda desarrolla en colaboración del resto de concejalías.
