Resuelta la investidura de Pedro Sánchez y con una previsible legislatura bronca, tensa y de duración incierta, el Gobierno andaluz debería distanciarse de la labor de oposición que le corresponde ejercer con firmeza al Partido Popular. Eso no significa que San Telmo no tenga que ser inflexible ante posibles agravios que pueda sufrir Andalucía del Gobierno central y levantar la voz para reclamar lo que le corresponde si considera que los andaluces somos discriminados. Porque, en definitiva, de eso se trata la cosa: de defender Andalucía, pero también de gestionar lo mejor posible para que nuestra comunidad crezca en todos los indicadores económicos y sociales y los andaluces vivamos cada día en una tierra más pujante y próspera.
Para ello, resulta imprescindible que el ejecutivo de Moreno Bonilla tenga sagenda propia para demandar un trato igualitario entre todos los territorios, pero también –insisto- para mejorar la gestión de materias y servicios que presentan lagunas serias, por decirlo suavemente, de consejeros-as que se han puesto de perfil o a los que no les luce precisamente su trabajo. En este sentido, el Gobierno andaluz en su conjunto –que el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, no puede estar apagando fuegos por todos lados- debe tomarse más en serio si cabe la asistencia sanitaria después de tener el dudoso honor de ser la comunidad con las listas de espera más altas del país para entrar en un quirófano y para ver un especialista. También debe pagar ya el Bono Alquiler Joven un año después de su convocatoria cuando ya Moncloa prepara una ampliación de esta ayuda que esperan miles de jóvenes andaluces. También tiene que coger el toro por los cuernos y abonar a los abogados, que inician esta semana una huelga indefinida, un dinero decente por su asistencia en el turno de oficio.
Son tres ejemplos en los que la Junta debe mejorar la gestión y para esa tarea hercúlea le vendría muy bien aceptar la quita de la deuda y sus intereses correspondientes que planteará el Ministerio de Hacienda a todas las comunidades autónomas. Eso sí, con una negociación de la cantidad que satisfaga a ambas partes. Ello supondría tener agenda propia y alejarse del ruido de las protestas en la capital de España y de las envenenadas invitaciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a los barones populares para que no acepten la quita que les ha planteado Pedro Sánchez.
