La coordinadora de Política Social del PP, Ana Pastor, ha afirmado, tras la aprobación de esta iniciativa por el Gobierno, que "lo que los españoles necesitan no es una muerte digna" sino "una vida digna hasta el final de sus días".
Por ello, ha reclamado al Ejecutivo que apruebe en el plazo de seis meses un Plan Nacional de Cuidados Paliativos, una propuesta que el grupo popular ha presentado en el Congreso, a fin de que haya un paquete de servicios único en España sobre esta cuestión.
La Sociedad Española de Cuidados Paliativos (SECPAL) ha considerado que la ley debe ser un "sistema de garantías" para los pacientes con enfermedades avanzadas y sus familias, para evitar así una mala praxis médica, y ha manifestado su deseo de que se ordene la profesión de médico, enfermera, psicólogo y trabajador social en Cuidados Paliativos".
El presidente de esta organización, Javier Rocafort, en una rueda de prensa hoy en Palma, no ha emitido una opinión "ni positiva ni negativa" del anteproyecto de ley, porque no lo conocen y "no han sido convocados" para su redacción, pero que presentarán sus alegaciones cuando se publique.
El doctor Luis Montes, presidente de la asociación Derecho a Morir Dignamente, ha valorado la ley porque combate los síntomas del paciente en agonía, si bien ha precisado que simplemente desarrolla una norma anterior, la de autonomía del paciente, para evitar ambigüedades.
A su juicio, se debería haber aprovechado la ley para avanzar más, ya que el debate sobre la muerte digna está en toda la sociedad y "es un clamor popular".
La Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC) ha aplaudido el borrador por la "seguridad y protección jurídica" que representa para el profesional, que le evita incurrir en un acto punitivo.
El texto, según este colectivo, "procura que se respete la voluntad del paciente" y asegura los cuidados en un "entorno adecuado, de intimidad y confort".
Finalmente, la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Salud Pública ha opinado que el anteproyecto es "positivo y necesario" pero teme que no se dote de suficientes mecanismos para garantizar el acceso a los cuidados paliativos por igual en todas las comunidades.
Sin embargo, el portavoz de la Asociación Nacional de Defensa del Derecho de Objeción de Conciencia, Juan Manuel Molina, ha esgrimido que la norma introduce una forma encubierta de eutanasia y ha manifestado su temor de que se convierta en una ley de suicidio asistido.
Molina ha advertido de que si no se dota a la ley de recursos económicos suficientes no se podrán garantizar los cuidados paliativos y se tenderá hacia una "sedación terminal".
La asociación "Derecho a Vivir" también ha criticado el proyecto de ley porque considera que abre la puerta a "prácticas eutanásicas" y degrada al médico al "papel de simple ejecutor".
Para su portavoz, Gádor Joya, se trata de una "regulación ambigua" que "inventa un falso derecho a la sedación".
El Foro de Familia ha reconocido que el informe presentado en el Consejo de Ministros incluye "bastantes cosas sensatas" y ha agradecido que se eliminara la expresión "muerte digna".
Sin embargo, esta asociación ha reivindicado que se reconozca en el texto de la ley el derecho del personal sanitario a la objeción de conciencia, para que puedan negarse a aplicar un tratamiento que consideren contrario a la ética profesional.
Profesionales por la Ética ha considerado "cuestionable" el aspecto referido al derecho a la sedación, por entender que éste tratamiento lo debe decidir el profesional conforme a su criterio y a la buena práctica médica. "Obligar al médico a prescribirla puede poner en peligro la vida del paciente", ha agregado este colectivo.
