La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Granada ha condenado a penas de 20 meses de prisión a nueve de los procesados que se han sentado en el banquillo este lunes por "la instalación, puesta en marcha y explotación de una fábrica ilegal de tabaco ubicada en la pedanía alhameña de Pilas de Algaida", concretamente en Ventas de Zafarraya, en el marco de un acuerdo de conformidad en que otro acusado ha aceptado dos meses de cárcel.
En esta causa, en la que inicialmente había trece procesados, uno de ellos ya fallecido, y dos en busca y captura, la Fiscalía y la acusación particular de la Abogacía del Estado en nombre de la Agencia Tributaria han alcanzado un acuerdo este lunes con las defensas de diez de los acusados, todos ellos condenados, según ha expuesto la magistrada presidenta del tribunal del juicio, que se ha celebrado en el edificio judicial de Caleta, en su sentencia 'in voce', a dos meses de prisión por un delito de pertenencia a organización criminal.
También en el marco de este acuerdo, nueve de estos diez procesados han sido condenados por un delito de contrabando a un año y seis meses de prisión, mientras que los cargos iniciales por la presunta comisión de otro ilícito, este contra los derechos de los trabajadores, han sido retirados por imposibilidad de localización de los testigos que habían de declarar para demostrarlo en su caso.
La acusación pública pedía inicialmente para todos los procesados penas que iban desde los seis a los catorce años de cárcel por la presunta comisión de los delitos de pertenencia a organización criminal, contrabando y contra los derechos de los trabajadores, según constaba en su escrito de conclusiones provisionales, al que tuvo acceso Europa Press. El juicio había tenido que ser suspendido anteriormente, el pasado 15 de enero, tras no personarse varios acusados.
La condena firme que han aceptado este lunes con la rebaja de esta petición de penas contempla también para los nueve condenados por contrabando, ocho españoles y un ruso, el pago, en concepto de responsabilidad civil subsidiaria, de un montante económico de 879.448 euros a la Agencia Tributaria, y multas individuales de 440.000 euros, unas sanciones estas últimas que pueden ser substituidas por 90 días de privación de libertad.
Los procesados en esta causa inicialmente fueron diez españoles, quienes, junto con el ciudadano ruso y otros dos de nacionalidades ucraniana y sudafricana, los que están en busca y captura, la Fiscalía consideraba que se habían puesto de acuerdo en 2017 para desarrollar sus operaciones entre la Axarquía de Málaga y el Poniente de Granada a fin de "obtener beneficios económicos ilícitos" con la citada fábrica de tabaco de contrabando, dentro de una nave que hicieron pasar por agrícola junto a la carretera A-402.
Los dos acusados que eran considerados cabecillas de la banda se enfrentaban también a una petición de la Fiscalía para que pagaran multas de más de cuatro millones de euros. Al resto se les solicitaba pagar cantidades que iban desde los alrededor de 1,5 a los más de tres millones de euros.
La organización criminal funcionó, conforme a lo que exponía también la Fiscalía en sus conclusiones provisionales, con las tareas "perfectamente repartidas", las cuales sólo cesaron una vez se produjeron la entrada y registro judiciales del 5 de diciembre de 2017.
El ciudadano ruso y su lugarteniente, el procesado de nacionalidad ucraniana en busca y captura, se habrían servido de su experiencia previa en la elaboración de tabaco en Europa del Este, detallaba el fiscal.
Precisamente de Ucrania eran la mayoría de trabajadores de origen extranjero sin permiso y no localizados que se habrían desplazado para la producción de cigarrillos que posteriormente se distribuían con el nombre comercial de J5, en una actividad comercial no declarada ni sometida a impuestos.
El 5 de diciembre se produjeron entrada y registro judiciales también en un almacén de Chauchina, "decomisándose numeroso aparataje, maquinaria, vehículos, embalaje y tabaco en diferentes formas". En la nave se incautaron de un total de 37 cajas de picadura, y 132 con miles de cajetillas de cigarrillos, entre otro material.
La valoración de mercado de la mercancía intervenida ascendía a más de 1,1 millones de euros, multiplicando "por 75,87 veces la que delimita el delito de la mera infracción administrativa".
