De esta forma, la decisión de derribar y construir de nuevo ha supuesto, según los datos ofrecidos ayer por el equipo de Gobierno, un coste para las arcas municipales 94 veces superior. El alcalde, Diego Sánchez Rull, aprovechó ayer la presentación de los resultados de la auditoría de Emuviasa para destacar que “se optó por derribar con las consecuencias que ha tenido. Landaluce (PP) y Hermenegildo González (PA) deben responder por qué se tomó esa opción incorrecta en sus orígenes”.
Sánchez Rull expuso que “aprovechando la desgracia causada, se pretendía desarrollar un modelo de pelotazo que contemplaba 246 viviendas, 3.000 metros cuadrados de locales comerciales y 400 garajes”.
Dado que este proyecto quería realizarse en una superficie que antes acogía a sólo 104 viviendas se creó “un problema de estándares urbanísticos que se querían saltar a la torera”. Así, hasta la construcción definitiva de “las 156 viviendas que permite la ley” hubo de demorarse por los trámites legales.
Sobre los “reproches” de la oposición de PP y PA por la creación de una deuda de 6,6 millones, el regidor algecireño aseguró que esta ya era conocida ya que se presentó en diferentes consejos de Emuviasa que contaron con presencia de representantes populares.
“Si no se trata de memoria es hipocresía política”, apunta Sánchez Rull, ya que “en un consejo de 2003 se informó que la promoción tendrá un déficit de 6,7 millones de euros. Ellos lo sabían desde el principio y lo apoyaron”.
Martínez Fírvida
Por su parte, el edil delegado de Vivienda, Julio Martínez Fírvida (IU), destacó que “los padres de la criatura fueron PP y PA. No tienen vergüenza política porque con el informe de actas, han reconocido y aceptado esas pérdidas”.
Martínez Fírvida también criticó la creación de una empresa mixta para afrontar las obras que incluía a la FAVA y que supuso que el Consistorio “deba pagar 1,1 millones en IVA a la Junta”.
El concejal destacó que “ha sido un saqueo en toda regla a las arcas municipales. Ellos son los que tienen que rendir cuentas. Eran conscientes desde el principio, a través de las actas y de sus votos favorables. Que no vengan ahora con el cuento de que no conocían nada”.
PP
El líder del PP algecireño, José Ignacio Landaluce, afirmó ayer que llevará a los tribunales la gestión de la reconstrucción de la Barriada del Arroz para exigir las responsabilidades que se desprendan.
Según Landaluce, la auditoría de 2009 de Emuviasa “deja en evidencia irregularidades contables y de gestión que nos parecen graves”. Por ello, los populares exigen una auditoría “completa, no sólo del último año”.
Landaluce se preguntó “¿qué habrá podido pasar en los siete años que han tardado las obras, más del doble de lo previsto? Por ejemplo, los técnicos municipales no han fiscalizado los contratos de los locales comerciales”.
El PP también cifró el coste del metro cuadrado de la barriada en “2.000 euros”, generando un déficit de “siete millones para las arcas locales”.
Los populares critican que “el alcalde confunda a la opinión pública, señalando culpable a todo el mundo menos a los que en realidad lo son”. Landaluce subrayó que “en 2001 se decidió por unanimidad la reconstrucción, pero la gestión ha sido responsabilidad del PA y sobre todo del PSOE”.
El líder popular aseguró que “el derribo se acordó por parte de todos los grupos políticos en base a un informe técnico que indicaba el peligro de derrumbe que amenazaba a los edificios”. Un acuerdo que se habría adoptado en la Gerencia de Urbanismo en 2001.
Para Landaluce, “una decisión política no tiene nada que ver con la ineficacia y tardanza en la gestión o en la poca claridad en las cuentas”.
Los populares se apoyaron en un artículo en EL FARO del ex edil de IU Andrés del Río para desmontar una “patraña” y asegurar que la coalición de izquierdas sí apoyó la reconstrucción.
Por otra parte, Landaluce denunció un hecho de “extrema gravedad”, al facilitarse a los medios de comunicación una “clara falsificación” de un acta de un consejo de administración de Emuviasa. El PSOE pidió una rectificación so pena de interponer una demanda por injurias, pero Landaluce se reafirmó más tarde en lo denunciado.
Postura del PA
Finalmente, el PA acusó al PSOE de “engañar” en este asunto ya que “sólo la falta de voluntad política” al “paralizar las obras” ha supuesto un incremento de los costes.
