Aunque esta semana sus señorías hayan convertido la sesión del Congreso en una especie de concurso para ver cuál de los dos partidos mayoritarios en la cámara baja carga a sus espaldas con más casos de corrupción o cuál de los dos es más miserable con respecto al uso de las víctimas del terrorismo de ETA, el resultado del zafio debate no sólo degrada la percepción que la ciudadanía pueda tener de quienes se encargan de representarles, sino que mina por completo cualquier aspiración o pretensión de que esos dos mismos partidos sean capaces de llegar a acuerdos de Estado necesarios para el futuro de un país que, por supuesto, está por encima de sus propias siglas, aunque pretendan vincularlo a ellas.
No sólo eso; los sitúa ajenos por completo a la que apunta como una de las preocupaciones prioritarias de los españoles en el corto y medio plazo. Y no me refiero a la publicación de nuevos y bochornosos audios sobre los encuentros secretos entre Juan Carlos I y Bárbara Rey; ni a los lamentos de Susana Díaz por haberse quedado fuera del aforo del Congreso Federal de su partido; ni al futuro que le aguarda a La oreja de Van Gogh, ese grupo de melodías pegadizas y letras sonrojantes, tras despedir a su cantante y coquetear con el regreso de su vocalista original; ni a las lesiones que arrastran las figuras de la Liga a causa de la exigencia -pobrecitos- de encadenar tantos partidos sin descanso. Me refiero al problema de la falta de vivienda y, más aún, a la falta de vivienda asequible, pública y en alquiler.
Como apuntaba hace unos días un editorial del diario El País, la vivienda es “un derecho que no se cumple”, y la manifestación del pasado domingo en la capital fue una primera advertencia al respecto, la avanzadilla de un movimiento que ya está empezando a organizarse en diferentes puntos a nivel local con más o menos arraigo, más o menos interés político -siempre va a estar detrás de cualquier movilización-, pero cargadas de sentido ante una realidad que ha escapado al control de los poderes públicos por su inacción o falta de perspectiva y control sobre el escenario inmobiliario.
Esa realidad se resume de forma casi telegráfica: faltan pisos y tan difícil es alquilar como comprar, algo a lo que no ayuda el escasísimo parque de vivienda pública, lo que ha disparado los precios y condicionado el futuro de la clase media, así como el de muchos jóvenes y migrantes. A ello hay que sumar la presión del turismo, ya que cada vez hay más viviendas dedicadas a uso vacacional, lo que reduce las opciones del alquiler tradicional.
Según datos recogidos por José Luis Aranda en una información publicada también en El país, el precio de la vivienda ha subido en los últimos años un 41%, mientras que los ingresos familiares lo han hecho en un 16%. Eso ha provocado que sea más difícil comprar un piso, pero igualmente ha provocado que se encarezca el alquiler al subir la demanda, lo que a su vez reduce las opciones de ahorrar para poder comprar.
Las soluciones pasan por un único lugar: las administraciones públicas, que son las que deben facilitar la construcción de viviendas asequibles o movilizar suelo para viviendas sociales en alquiler. Y sin embargo, tampoco está resultando fácil. En Jerez, por ejemplo, la Junta y el Ministerio de Transportes sellaron en 2023 un acuerdo para la construcción de 222 viviendas de alquiler social en suelo público. Sin embargo, la licitación de las obras quedó desierta hace poco más de un año y no se ha vuelto a saber nada más, pese a que el proyecto estaba vinculado a fondos europeos que exigían su ejecución antes de julio de 2026.
Esta semana la propia alcaldesa de Jerez ha ofrecido suelos municipales a la empresa privada a cambio de viviendas que destinaría a uso social, aunque la medida se queda a corto camino de dar respuesta a la demanda de vivienda pública en la ciudad -en torno a 3.000-. Una cifra por sí sola indicativa de la dimensión de un problema a nivel nacional que ya ha empezado a hacerse presente en las calles.
