"No quiero morir sin recibir la ayuda que me corresponde", ha explicado Martínez en declaraciones a Efe.
Tras lamentar que el Ejecutivo valenciano le está "tomando el pelo desde hace demasiado tiempo", esta anciana ha recordado que la ley establece un plazo máximo de seis meses para la resolución de los expedientes por parte de los gobiernos autonómicos.
Desde que cumpliera noventa años, Martínez está bajo el cuidado de su hija, Natividad Bo, quien "tuvo que dejar su trabajo" para dedicarse "en exclusiva" a atender sus necesidades "sin recibir ninguna compensación económica" por ello.
Tal y como indica el diputado y portavoz de Bienestar Social en funciones del grupo socialista en Les Corts, Antonio Torres, la ley contempla la "figura del cuidador" con el fin de dispensar una ayuda económica a las personas dedicadas al cuidado de sus familiares en situación de dependencia, un recurso que desde el año 2007 se ha concedido a un total de 416.914 dependientes en toda España.
Sin embargo, en lo que respecta a la Comunitat las cifras giran entorno a las 26.600 ayudas concedidas en calidad de cuidador, mientras que, según señala Torres, "deberían haberse asignado unas 45.860 teniendo en cuenta que la Comunitat representa el 11 por ciento" de la totalidad de la población del territorio nacional.
Tras más de tres años desde que presentara la solicitud de ayuda, Martínez ha recurrido al Síndic de Greuges en seis ocasiones, pues desde que los técnicos de la Conselleria de Bienestar Social le realizaron la valoración en enero de 2009, que determinó un nivel de dependencia de tercer grado -el más grave-, continúa pendiente de la redacción del Programa Individualizado de Atención (PIA).
"En diciembre de 2010 el Síndic me indicó que el motivo de la demora, según la Conselleria, era que me faltaba por entregar una fotocopia del IRPF", expone Martínez, para quien "al final con tanto papeleo sólo consiguen hacerte perder el norte".
Para el diputado del PSPV-PSOE, "se trata de una mera excusa para prolongar la resolución final", pues "la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas establece que los documentos que la administración puede obtener por sus propios medios no pueden ser exigidos al ciudadano".
"La respuesta que la Conselleria da al Síndic es una mera excusa, ya que el Consell está bloqueando conscientemente la resolución de las ayudas", prosigue Torres, para quien la actuación del Gobierno valenciano en materia de dependencia durante los últimos cuatro años ha sido "indigna", pues "están jugando con la calidad de vida de más de 35.000 personas pendientes de resolución".
Para Natividad Martínez, única ciudadana de Santa Pola que cuenta con un monolito a su nombre en reconocimiento a su avanzada edad, "es de justicia" que su hija reciba una compensación económica tras más de catorce años dedicados a sus cuidados, por lo que asegura que "sólo" morirá tranquila cuando se le conceda su derecho.
Un total de 22.000 personas han muerto en la Comunitat esperando la resolución de la prestación de la Dependencia desde el año 2007, cifra que en la provincia de Alicante se sitúa entorno a los 8.300 fallecidos, según informa Torres.
