Los recursos de varios propietarios de viviendas de uso turístico ante la Empresa Municipal de Abastecimiento y Saneamiento de Granada (Emasagra) por el cobro del agua con la tarifa de uso industrial a viviendas de uso turístico en la capital granadina pueden derivar en una demanda colectiva por la vía judicial.
Los servicios jurídicos de la Asociación de Apartamentos, Viviendas Turísticas, y Alojamientos Rurales de Granada (Avitar) estudian esta vía, según ha detallado su presidente, Antonio Jesús Castillo, a Europa Press, tras lo que entienden ha sido un "cambio de criterio" de la empresa mixta participada por el Ayuntamiento de Granada en cuanto al cobro del agua en pisos que alquilan habitaciones a turistas o lo hacen en un determinado periodo del año.
Pese a ello, el cobro todo el año del agua como de uso industrial hizo saltar las alarmas en estos últimos casos por lo que se empezó a estudiar esta demanda colectiva, que se basará en no considerar estas viviendas no son establecimientos hosteleros pese a lo que se les cobra, según Castillo, como a "hoteles".
Los cobros llegan a alcanzar el doble de lo que pagaban habitualmente de agua estos apartamentos hasta antes del verano, precisamente cuando se activaba el cambio de la normativa por el Ayuntamiento que Avitar tiene denunciado en el contencioso administrativo, con una demanda cuya base radica también en que estas viviendas de uso turístico no son establecimientos de uso público, que "es lo que marca" la normativa andaluza para que se les puedan aplicar estas tarifas.
Castillo, que ha detallado a Europa Press que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Granada en que recayó esta última demanda, tramita si ha de hacerse cargo de la investigación o derivarla al TSJA, ha señalado que la idea de Avitar es solicitar la suspensión cautelar de esta nueva normativa.
Este cambio va a implicar previsiblemente desde enero que no se concedan más licencias para pisos turísticos en tanto se renueva el planeamiento teniendo en cuenta el resultado de un estudio externo encargado por el Ayuntamiento que apunta como zonas saturadas a los distritos Centro y Albaicín, y los barrios de Fígares y San Ildefonso.
En este contexto, el Ayuntamiento de Granada ultima los preparativos para, en concreto, la suspensión de nuevas licencias para viviendas de uso turístico con el inicio de la innovación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) vigente para la acotación de zonas saturadas en materia de pisos turísticos, una vez que ha recibido este informe externo.
Con la aprobación definitiva de la innovación del PGOU, las nuevas autorizaciones para ser inscritas como viviendas de uso turístico por la Junta de Andalucía quedarán sometidas a requisitos urbanísticos como que dispongan de elementos de acceso y evacuación adecuados independientes de los del resto del inmueble, así como de instalaciones generales (luz, agua o teléfono) establecidas también de forma independiente.
Por otro lado, se llevó a pleno la aprobación de "un criterio de interpretación" a partir del que el Ayuntamiento de Granada se dotaba de las "herramientas" requeridas por el ordenamiento jurídico para abordar la regulación y control "por razones imperiosas de interés general" de este tipo de alojamientos turísticos.
REGULACIÓN DEL USO TURÍSTICO
Desde su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia el pasado agosto, para la inscripción y puesta en marcha de actividad de una vivienda en el Registro de Turismo de Andalucía se debe acreditar que la vivienda "resulta compatible para el uso turístico conforme al uso residencial singular recogido en el PGOU", aspecto que requiere, en cumplimiento del Decreto 31/2024, de 29 de enero, de declaración responsable de compatibilidad con la normativa andaluza.
Previamente, la verificación de dicha compatibilidad, en base al principio de jerarquía competencial, pasaba a ser ejercida por el Ayuntamiento de Granada que, en base al nuevo criterio de interpretación, es la institución encargada de otorgar la licencia sobre el cambio de uso del piso o vivienda a residencial singular.
Este nuevo trámite ha pasado a ser preceptivo y obligatorio para inscribir el inmueble en el registro de viviendas y pisos de uso turístico de la Junta de Andalucía, a los que, en materia del cobro del agua, no se les aplica la tarifa doméstica sino la industrial.
