Así se ha dado a conocer esta mañana en la rueda de prensa en la que ha participado el diputado andaluz y coordinador provincial de IU, José Antonio Castro, el presidente de Asaja Málaga, Carlos Blazquez; el secretario general de COAG en Málaga, Juan García Villalba, así como representantes vecinales afectados por el proyecto y el ex diputado Antonio Romero, que intervino en calidad de portavoz de la plataforma.
Durante el encuentro se ha dado a conocer esta decisión de la Fiscalía, así como una serie de iniciativas que la coalición de izquierdas promueve en el Parlamento y el Congreso de los Diputados (que os facilitamos).
Los convocantes han explicado que el proyecto vulnera normativa como las leyes básicas estatales del suelo, así como la ley de patrimonio rural y diversidad y la ley del desarrollo sostenible del medio rural
Han recordado, asimismo, que Adif “vendió” el circuito de pruebas como un proyecto que crearía una cantidad excesiva de empleos, que hasta su responsable ha reconocido que no será posible. De hecho, la plataforma estudia denunciar al ente por publicidad engañosa.
Castro ha señalado la contradicción entre el anuncio de creación de empleo y la destrucción de puestos de trabajo que está generando, ya que para poner en práctica el anillo ferroviario es necesario “arrasar cultivos y explotaciones, con la consiguiente pérdida de jornales y empleos que ello supondrá”.
El representante de Izquierda Unida también ha alertado que las catas geotécnicas que se realizaron en la sierra de Humilladero conocida como la Sierrecilla indicaban que había agua a 10 y 12 metros de profundidad, mientras que la construcción del túnel llegará a los 50 metros. Esta Sierra, añadió el diputado andaluz, está conectada con la laguna de Fuente de Piedra, una de las más importantes de Europa.
Tanto los representantes de los agricultores como los vecinos han asegurado que no están en contra del proyecto, sino de su ubicación, ya que existen otros espacios que no están protegidos ni poseen un alto valor ecológico y económico. Añaden que con las nuevas tecnologías es muy fácil conectar en centro de pruebas con el centro de innovación del PTA y el Taller de los Prados, implicados en el proyecto.
Todos los participantes han coincidido en afirmar que el proyecto es fruto de un “empecinamiento político” y han vuelto a afirmar que atenta contra una de las zonas agrícolas más productivas de la provincia.
