"No se puede discutir que el hotel es manifiestamente ilegal en sus primeros 100 metros y que la administración por tanto tiene obligación de restablecer la legalidad urbanística", ha indicado en declaraciones a Europa Press el letrado de la organización, José Ignacio Dominguez, tras hacerse pública este martes el fallo del Tribunal Supremo (TS) que confirma que el establecimiento de una veintena de plantas y 411 habitaciones contraviene la Ley de Costas.
Domínguez ha precisado que, a tenor de esta resolución, las consejerías de Obras Públicas y Medio Ambiente de la Junta andaluz "podrían empezar los trámites" para la demolición. "Aquí tienen la primera sentencia, irrecurrible, y que señala que el hotel es ilegal por invadir la zona de servidumbre del dominio público marítimo-terrestre", al margen, según ha remarcado, de lo que dictamine el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TJSA) sobre la conformidad a derecho de la licencia municipal de obras por tratarse de un espacio protegido y no urbanizable dentro del parque natural de Cabo de Gata-Níjar.
En esta línea, ha avanzado que, al tratarse de "cosa juzgada", se va a pedir al Tribunal Supremo el archivo de los recursos de casación presentados por Azata del Sol y la empresa matriz Azata contra dos fallos de la Audiencia Nacional (AN) que ahondaban en la legalidad del deslinde que ampliaba la citada zona a 100 metros y apuntaban que el hotel invadía de forma parcial la servidumbre del dominio público marítimo-terrestre violando la Ley de Costas.
Domínguez ha trasladado, al hilo de esto, que se exigirá a Ayuntamiento de Carboneras y a la Junta de Andalucía que "apliquen la normativa" en lo que se refiere al sector ST-1 sobre el que se asienta el inmueble. "La legalidad de una mitad del hotel está aún sub judice pero lo que nadie discute es que de 100 metros para abajo, hacía la línea del mar, es ilegal", según ha remarcado.
Ecologistas en Acción va a remitir, asimismo, copias de la sentencia del Supremo al TSJA para que se incorporen a los procedimientos contencioso-administrativos que allí se siguen para dirimir, por una lado, la legalidad de la licencia municipal de obras concedida en marzo de 2003 y, por otro, si el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) de Cabo de Gata, que se aprobó en 2008 por la Junta y está parcialmente suspendido de forma cautelar, abre la puerta al "uso efectivo" del establecimiento.
