En este sentido, fuentes del caso han informado a Europa Press de que Daniel Alberto Rivera, que sustituyó en el cargo a Juan Márquez, también imputado en esta causa junto a su antecesor, Francisco Javier Guerrero, ha acudido este miércoles a declarar en Sevilla ante los agentes de la UCO, aunque finalmente se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar y, por tanto, no contestar a las preguntas que le iban a ser formuladas.
En el auto en el que imputó a Rivera, la magistrada señaló que, dentro de la investigación en torno a la empresa Surcolor, se ha determinado que Márquez "ordenó" los pagos relativos a la póliza en las resoluciones de 21 de diciembre de 2009 y de 25 de febrero de 2010 y Rivera los relativos a la resolución de 1 de septiembre de 2010, todo ello "para 26 extrabajadores" de la empresa, "expresando en sus respectivas resoluciones que obra en la Dirección General 'el expediente completo de tramitación de la ayuda'".
Según la juez, de este expediente "se deduce inexorablemente que los trabajadores despedidos fueron 24 y no 26, por lo que pudieron deducir fácilmente que los otros dos no debían pertenecer a Surcolor", y critica que, "como en el caso de Guerrero, se ordenan dichos pagos con total ausencia de procedimiento, pues no existe siquiera la menor solicitud o protocolo de colaboración; sólo existe solicitud para la ayuda de 175.998 euros para el abono de la prima que correspondía a la empresa, resuelta por Daniel Rivera".
"DISPENDIO"
Tras aseverar que, "curiosamente, en dicha resolución, Rivera alega como normativa aplicable la Ley de Subvenciones, cuando en virtud de la misma él no sería competente, por razón de su cargo, para su concesión", llama la atención sobre el hecho de que la Dirección General de Seguros "ha informado que mientras que el montante de las indemnizaciones por despido en las conciliaciones del CMAC ascendían a 1.537.162,03 euros, la prima de la póliza ascendió a 2.674.175,83 euros, conclusión de la que se extrae el dispendio en que habría incurrido intencionadamente la Junta a través de sus altos cargos".
De otro lado, recientemente la Consejería de Empleo hizo público un comunicado en el que consideraba "absolutamente falso" que la Junta haya "ocultado" a la juez la concesión de una ayuda a la empresa Industrias Elizana, tras lo que la Junta defendió la gestión y el comportamiento del director general de Trabajo de la Junta.
Empleo se pronunció así después de que varios periódicos andaluces publicaran la transcripción de una conversación grabada entre Daniel Rivera y la exasesora de la Consejería de Empleo María José Rofa en la que reconocería una presunta irregularidad relacionada con la ayuda de 700.000 euros concedida a la empresa Industrias Elizana, dedicada a la fabricación de muebles y que está ubicada en Lucena (Córdoba).
Tras apuntar que "por lo que aparece en medios, la grabación se habría realizado el 15 de marzo de 2011", la Junta recordó que "cuatro meses antes, el 19 de noviembre de 2010, en un escrito enviado al juzgado por el propio director general, se pone a disposición de la juez para colaborar en la investigación de las presuntas irregularidades que empezaban a detectarse en las primeras revisiones de documentación".
INDUSTRIAS ELIZANA
La Consejería reiteró entonces que "es absolutamente falso que la Junta de Andalucía haya 'ocultado' la concesión de una ayuda a la empresa Industrias Elizana", y apuntó que el Juzgado número 6, que investiga la causa, "tiene en su poder información sobre todas las ayudas concedidas con cargo a la partida 31L, entre la extensa documentación que se ha aportado, que suma más de 200.000 folios".
Asimismo, con respecto a la ayuda concedida a Industrias Elizana, la Junta aclaró que para su aprobación contó con "solicitud de ayuda debidamente justificada; planes de viabilidad y de negocio para los años en los que se iba a recibir la ayuda; justificación de la situación de crisis que afectaba al sector del mueble; aportación de las nóminas de los puestos de trabajo que la ayuda permitía mantener, y así consta en justificación posterior realizada por la empresa en mayo y julio de 2011, del mantenimiento de los puestos de trabajo; y auditorias de la empresa y justificaciones de pago sobre sus obligaciones con Hacienda y la Seguridad Social".
La Consejería recordó que "gracias a la labor desarrollada por el director general de Trabajo, Daniel Rivera, ha sido posible abrir un proceso de reintegro de todas las cantidades cobradas indebidamente, con cargo al erario público en pólizas de rentas, que hemos considerado irregulares, y en ayudas a empresas".
