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Viernes 01/11/2024
 

Torremolinos

Aprobada en Pleno la concertación del préstamo para el pago a proveedores

Con los votos a favor de los grupos del PP y PSOE y el voto negativo del grupo de IU

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  • Pleno municipal de Torremolinos -

El Pleno de la Corporación municipal de Torremolinos, presidido por Pedro Fernández Montes, ha aprobado hoy, una Moción del alcalde, con los votos a favor de los grupos del PP y PSOE y el voto negativo del grupo de IU, la concertación de la operación de préstamo que, de acuerdo con el Real Decreto Ley 4/2012, permitirá la financiación para el pago a proveedores del Ayuntamiento de Torremolinos, una vez valorado favorablemente por el Gobierno el Plan de Ajuste propuesto por este municipio.

 

En la Moción aprobada en esta breve sesión plenaria celebrada esta mañana se informó de que, tras la oportuna comprobación de las cuantías reclamadas por los proveedores por parte de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, el importe de las obligaciones pendientes de pago autorizado para la operación de financiación asciende a 10.172.932,86 euros, explicándose que la modificación de la cantidad final respecto a la apuntada inicialmente se corresponde con las aportaciones de facturas pendientes incorporadas en el plazo legal establecido para ello.


 

Fue el único asunto destacado de esta sesión plenaria en cuyo capítulo de Ruegos y Preguntas destacó singularmente la petición del propio alcalde al portavoz municipal del Grupo del Partido Popular, Ramón del Cid, de que explicara detalles respecto a la petición formulada en su momento por un concejal del PSOE de construcción de una rampa de acceso, en sentido transversal, para personas con minusvalía física, en la Plaza Río Mesa, un proyecto considerado “inviable” por los técnicos de Urbanismo, dado que la nueva rampa requeriría una longitud de 23 metros, al margen del coste efectivo que tendría dicha ejecución, de unos 116.000 euros.

 

Ello dio pie a que el alcalde, Pedro Fernández Montes, informara de la intención del Equipo de Gobierno de reclamar, en futuras peticiones similares, que en todos los casos se cuantifique económicamente la actuación prevista, teniendo en cuenta la situación económica actual que, obviamente, no permite la previsión de ejecución de proyectos que supongan una inversión significativa.

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