No es de extrañar que el Gobierno municipal no haya remitido a los grupos de la oposición la demanda presentada ante el Tribunal de Cuentas dentro del proceso contable del alcance en la Caja municipal entre 2002 y 2009. Y no es de extrañar porque con ese documento en manos de los grupos políticos, aunque ya es de dominio público a través de los medios de comunicación, quedan en evidencia muchas declaraciones que se hicieron en el anterior mandato por parte de políticos del Partido Popular y del Partido Andalucista.
La demanda presentada por el actual equipo de gobierno se basa tanto en el informe de la Cámara de Cuentas como en la investigación policial, ambos documentos publicados por este periódico. En circunstancias normales sería lo lógico habida cuenta que se trata de informes de organismos públicos fuera de toda duda.
En las circunstancias que han rodeado el caso desde el 1 de abril, cuando se denunció el robo, hasta el 10 de mayo de 2010, cuando se rompió el pacto entre andalucistas y populares precisamente por pedir estos últimos la dimision del alcalde, Manuel María de Bernardo, no es tan normal.
El Ayuntamiento de San Fernando, aunque se ha hecho a través de los Servicios Jurídicos de la Diputación Provincial de Cádiz, reconoce explícitamente la validez del Informe de la Cámara de Cuentas que el actual alcalde y entonces sólo presidente provincial del PP de Cádiz, José Loaiza, calificó de “político”.
Por la misma razón, los andalucistas, socios de gobierno del PP tras las elecciones de 2011 y conocedores de que la demanda exigía responsabilidades subsidiarias al ex alcalde Manuel de Bernardo -y aun así no ha roto el pacto- dan también por bueno otro aspecto defendido por De Bernardo desde el principio; que la posibilidad del alcance en la Caja lo descubrieron los auditores de la Cámara de Cuentas y no los técnicos municipales.
Otro aspecto, mucho más significativo, es la asunción de que el robo se pudo haber evitado o abortado en sus inicios debido al desbarajuste con que se llevaban las cuentas en la Caja municipal, Intervención y Tesorería, áreas deEconomía y Hacienda.
En este caso es mucho más significativo porque el Gobierno de Manuel María de Bernardo, con el voto a favor del Partido Popular, encargó un informe a un bufete de abogados -que costó 60.000 euros al municipio- para contrarrestar las críticas “políticas” de la Cámara de Cuentas a la gestión nefasta de Intervención.
Responsables totales
Publicado ya por este periódico todo el argumentario de la demanda municipal ante el Tribunal de Cuentas, a través de los informes de la Cámara de Cuentas y de los investigadores policiales, lo más destacable de la demanda es la circunstancia de que al actual interventor, José Antonio López Fernández, que antes fuera tesorero, se la dieran por activa y por pasiva. O por negligencia como dice la propia demanda o por exceso de confianza en el ex cajero, Clemente Ruiz, que incluso lo sustituyó como tesorero en distintas ocasiones. En cinco en total.
El hecho de que López Fernández fuera tesorero e interventor lo convierte en el principal responsable subsidiario por el alcance, independientemente de lo que decida el organismo estatal del que depende una vez el Ayuntamiento ponga en su conocimiento su proceder y las consecuencias del mismo.
Sólo hay tres personas por las que pasó todo el dinero desaparecido, los 7.790.515,79 euros. Los dos ex cajeros y José Antonio López Fernández. Durante su época como tesorero municipal desapareccieron de la Caja municipal 2.790.236 euros, mientras que siendo ya interventor, a partir de 2006, desaparecieron los 5.000.278 euros restantes.
Proceso contable
Sin embargo y una vez que lo que se le reclama subsidiariamente por el Ayuntamiento -otra cosa es lo que le reclame el Tribunal de Cuentas- está basado en el complemento específico y no en el dinero que perdió el Consistorio, ciertamente es el que más debería de pagar en el caso más que probable de que los ex cajeros no paguen, un total de 105.847 euros.
O sea, que la demanda municipal no está formulada para recuperar el dinero desaparecido, como bien ha manifestado el PSOE y se extrae del conocimiento de las cantidades asignadas a cada uno de los responsable subsidiarios.
Ello obedece, según el Gobierno municipal, a que se trata de un proceso contable, no penal, y por ende sujeto a criterios administrativos.
En ese dinero no está contabilizado el ingreso derivado de las tasas por el servicio de retirada de vehículos de la vía pública, la grúa, que Clemente Ruiz García recogía directamente en la Jefatura de la Policía Local y que se eleva a 22.213,15 euros, ni el ingreso derivado del servicio de cortes de calles, 56.974,64 euros, lo que suma un total de 79.187,79 euros.
Esa cifra se acumula a las tres personas que han estado durante todo el proceso del alcance, desde las primeras cantidades hasta que presuntamente se comenzaron a falsificar los partes de caja, cuando ya lo desaparecido o no ingresado superaba los 450.000 euros, según la investigación policial.
Lo más curioso del caso y que no se ha explicado con claridad, es que las diferencias entre lo que se pide a los técnicos subsidiariamente guarden una proporcionalidad en función del tiempo en el cargo y no ocurra lo mismo con los alcaldes, a los que se les reclama la misma cantidad, como ya publicaba este periódico.
Además de los dos interventores y de la tesorera actual, existe una tercera persona que ha ocupado accidentalmente los cargos de interventor y tesorero, un técnico municipal del área de Intervención y Tesorería al que no se reclama nada habida cuenta de que su cargo fue circunstancial y lo que desapareció en los pocos días de suplencia eran cantidades irrelevantes.
