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Miércoles 20/11/2024
 

El jardín de Bomarzo

Atrapados en un contenedor

Prácticamente todos los ayuntamientos de la provincia tienen subcontratados los servicios de limpieza viaria, porque aún siendo más caro logran que la subcontrata les aguante la deuda

Me siento bolsa de basura apilada entre otras miles, mojada por la lluvia y recalentada luego por el sol, maloliente y putrefacta porque condenso cáscaras de plátano, sobrante de lentejas, cosas pegajosas no identificadas, pan duro y envases varios, no hay reciclaje, todo ello pastoso y quieto entre otras muchas compañeras que, como yo, aguardamos que nos recojan porque hasta mí, bolsa, me avergüenza estar tirada en la calle dando este espectáculo y escuchando a todos a su paso gritar qué asco. Yo, negra y hedionda bolsa, quisiera saber la razón por la cual soy portada de periódicos cuando, en realidad, solo destaco por el hedor que emano.

Huelgas. Prácticamente todos los ayuntamientos de la provincia de Cádiz tienen subcontratados a empresas privadas los servicios de limpieza viaria y recogida de residuos sólidos, y lo hacen porque aún siendo más caro debido a que éstas añaden su margen industrial, que está entre el 5 y el quince por ciento, más el IVA reducido, el diez, -coste que estaría exento del impuesto si el servicio fuese municipal-, con ello logran que la subcontrata les aguante la deuda. Las empresas, cuando tardan más de la cuenta en cobrar o presionadas por los sindicatos deben negociar mejoras de convenios colectivos, muy al uso en el sector, presionan al ayuntamiento de turno para que pague o asuma el incremento salarial y lo hacen en connivencia, normalmente, con el comité de empresa de los trabajadores y usando siempre el mismo sendero: huelga de basura. Saben que por ahí al político le pita el oído y cede.

En julio de este año hubo huelga de basuras en Cádiz justo antes de la gran regata cuando los trabajadores de Sufi-Cointer, que es quien allí opera, pedían un incremento del 4,4% dentro de un contrato que es de 17,7 millones de euros anuales, de los cuales 14,7 (83%) es destinado a pagar nóminas y a pesar de que en los últimos cinco años el incremento salarial había sido del 31,2% y en la revisión de este año se ofrecía otro 0,5%. No hubo acuerdo, pero sí altercados públicos entre ciudadanos y trabajadores por la basura acumulada en la calle y ante ello el comité de empresa, inquieto, desistió de la huelga, pero la imagen previa de la gran regata quedó retratada entre bolsas de basura.

Un mes después, principios de agosto, Rota, donde opera Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), fue imagen de telediarios en pleno apogeo turístico ante la previsión de despedir a 20 de los 70 trabajadores por la reducción prevista en el plan de ajuste o, lo que finalmente acordaron, una bajada salarial conjunta del 2% hasta finales de este año, congelación para el que viene y subida de la jornada laboral de 35 a 37 horas. En El Puerto, donde también trabaja FCC, amenazó huelga a principios de octubre por el despido a través de un ERE de 67 de los 270 trabajadores y a última hora el Sercla lo evitó negociando una reducción salarial conjunta del 7,4% e incremento de la jornada a 37,5 horas semanales, todo ello dentro de un servicio que diariamente le cuesta a los portuenses 31.725 euros, o sea, casi doce millones de euros al año.

En Sanlúcar, por citar un ejemplo de modelo municipal y similar poblacionalmente a El Puerto, la última huelga se produjo en julio de 2005 y, muy política a través de su sindicato mayoritario interno que es CCOO frente a un gobierno de entonces del PP, se renegoció el convenio colectivo al alza para los algo más de 80 trabajadores que tiene la empresa municipal Emulisan y cuyo coste completo, incluido mantenimiento de jardines, es de 5,8 millones de euros al año. Al no haber empresa subcontratada, no hay margen industrial, no hay IVA y no hay deuda, solo sindicatos.
Y ahora le ha tocado a Jerez, donde Urbaser, con 420 trabajadores, ha presentado un ERE para 125 ante la reducción de costes del 20% plateada por el Ayuntamiento de un servicio valorado en 24 millones de euros al año y que, al no poder tocarse gastos fijos como amortización de maquinaria, necesita de una reducción salarial del 30% conjunto para evitar despidos -¿se reduciría, me pregunto, el recibo ante un peor servicio si prospera el ERE porque limpiar con 420 personas no es lo mismo que hacerlo con 295? No, me contesto-. Urbaser ha cobrado 88 millones a través del ICO hace unos meses, se ha quedado con una deuda de 12 más el corriente ejercicio -30- y teme que volverá a cobrar cuando suene la internacional en el tono de llamada del móvil de Pelayo, sobre todo después de que ésta anulara el convenio mediante las tomas de razón que hasta el 2035 les garantizaba el cobro vía Diputación. Cierto que Jerez siempre se doblegó ante la presión de la basura en la calle y por ello el coste anual bruto por barrendero está entre 30.000 y 35.000 euros al año, no valoro el dato, solo lo expongo.

En consecuencia, huelgas. Hay otras muchas, pero relato estas cinco. En casi todos los casos se han incrementado las tasas al ciudadano, que las paga junto al recibo del agua porque el líquido elemento es esencial para la vida y el riesgo de su corte garantiza el cobro.

Los grandes perjudicados son los ciudadanos contribuyentes, a quien nadie descuenta los días de huelga, los comercios de las localidades, que la sufren en pleno verano y auge turístico y, sobre todo, la imagen nefasta y tercermundista que dan localidades por todos reconocidas como ejemplos de destino turístico y que cíclicamente y sin remedio padecen el mal olor de la basura en sus calles. Hace bien el Ayuntamiento de Jerez, como otros, pretendiendo un recorte de gastos porque no pueden pagarlo, pero hace mal cuando incendia el conflicto mediante esa reducción y se pone de perfil para que empresa y trabajadores se arreglen entre sí cuando, a la vez, cobra ese impuesto a los ciudadanos y es responsable siempre y en todo caso de la prestación de un servicio esencial, tanto como de cuidar la imagen exterior que ofrece la ciudad y que, por desgracia, muy mal queda con la cercana Cumbre Iberoamericana y la visita a Jerez de la Reina Sofía y consortes -¿y estos nos colonizaron?, pensarán-.

Otra cosa. Si un trabajador hizo huelga el pasado miércoles, obligatoria y reglamentariamente se le descontó la jornada en su nómina. Si el Ayuntamiento, por la razón que sea, no presta un servicio por huelga durante varios días, ¿por qué al ciudadano no se le descuenta en su recibo el servicio no prestado? ¿Se le descuenta acaso a la subcontrata, llámese Urbaser, FCC o Sufi, esos días? Al igual que los trabajadores asumen, como en algunos casos citados, recorte salarial, ¿aceptan las empresas rebaja en su margen industrial? Cambiemos de tema.

Convenios. Yo, ciudadana bolsa, aburrida como estoy esperando mi camión mientras cuento moscas, opino, sin entender mucho y dicho sea de paso, que la solución tal vez debería estar ligada a un convenio nacional que regule el sector y con el cual se terminen negociaciones y presiones en el ámbito local. ¿No? ¿Estarían por ello los sindicatos o resulta mejor el divide y vencerás? Por la misma razón, un Policía Local en El Puerto o Jerez gana hasta el doble que un Guardia Civil en Bilbao, y no. Cuestión de competencias. Y volvemos a lo mismo, la quiebra financiera de la institución es tal porque debe sostenerse a sí misma que la aportación del contribuyente no es inversamente proporcional al servicio que recibe. Pero claro, yo solo soy basura ciudadana, agolpada, usada como imagen pública de presión, pestilente y, en definitiva, sin ningún poder de decisión porque vivo atrapada en un contenedor.

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