El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha anulado el Plan Especial de Interés Supramunicial que la Junta de Andalucía había aprobado para los terrenos previstos para el parque industrial de "Las Aletas" en la Bahía de Cádiz, un nuevo varapalo judicial que sufre este proyecto "estrella".
La sentencia del TSJA estima un recurso de la entidad mercantil Dehesa del Norte, propietaria de casi 200 hectáreas de las más de 500 en las que está previsto levantar el parque industrial de Las Aletas, un proyecto que lleva casi un década de trámites y tropiezos.
Fuentes de esta entidad mercantil, dedicada a la actividad agrícola, han indicado a EFE que el TSJA ha aceptado así uno de los varios recursos que ha interpuesto contra el proyecto, aunque han considerado que los efectos de esta anulación no tendrán "alcance" sobre su desarrollo.
La empresa agrícola Dehesa del Norte planeó a finales de la década de los ochenta dedicar estos terrenos al cultivo del arroz, un proyecto del que tuvo que desistir y que le llevó a pensar levantar en ellos un proyecto inmobiliario e industrial, dada la situación estratégica en la que se encuentran.
Según las fuentes de la empresa, a comienzos de los 2000 llegaron incluso a un principio de acuerdo con la empresa pública de suelo del Estado (SEPES), que "vio que el proyecto era muy interesante, porque es el mejor sitio de provincia".
En 2004 los acuerdos se fueron al traste porque, según la empresa, la Junta de Andalucía y el Gobierno Central decidieron que desarrollarían el proyecto "de manera independiente" y "querían que les saliera prácticamente gratis".
"En lugar de una valoración razonable, nos ofrecieron siete céntimos por el metro cuadrado, cuando al resto de los propietarios les daban veinte euros", explican las fuentes de la empresa.
Esta discrepancia ha llevado a la empresa, que asegura que con una valoración adecuada de sus terrenos no se habría opuesto a los planes del Consorcio de Las Aletas, a interponer numerosos recursos, entre ellos uno, que si será "vital" para la ejecución del proyecto, que aún no ha llegado a sentencia y que trata sobre el deslinde del dominio público marítimo terrestre de los terrenos, según las fuentes.
La sentencia ha sido conocida hoy cuando el Consejo Rector de Las Aletas, que aglutina a todas las administraciones implicadas en el tema, se reúne por primera vez, y después de casi un año, una vez que ya han sido designados todos sus miembros.
En la reunión participan la presidenta del Consorcio Aletas y subsecretaria del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, Pilar Platero Sanz, y la vicepresidenta del Consorcio, la consejera de Presidencia de la Junta de Andalucía, Susana Díaz.
El mayor varapalo que tuvo el proyecto de Las Aletas, considerado vital para la economía de la provincia de Cádiz, la que sufre mayor desempleo, se lo dio en octubre de 2009 el Tribunal Supremo, cuando, atendiendo los recursos de organizaciones ecologistas, dictaminó que los argumentos expuestos por el Gobierno para ocupar el dominio público "son claramente insuficientes" e infringían la Ley de Costas de 1988.
En febrero de 2011, la entonces presidenta del consorcio de Las Aletas, Juana María Lázaro, anunció que el proyecto tenía ya "vía libre" después de que un nuevo estudio realizado verificara la sostenibilidad ambiental, estableciera la duración temporal de los usos previstos y garantizara su reversibilidad.
