La adjudicación del servicio del agua en Barcelona y toda su área metropolitana a Acciona ha terminado en los tribunales catalanes. Según publicaba este viernes Elconfidencial.com, la Fiscalía investigará a partir de ahora las presuntas infracciones penales que se hayan podido producir en la adjudicación y recogidas en la denuncia presentada el pasado 14 de diciembre por un sindicalista de UGT, en la que advierte que Ferran Rodés, presidente del Consejo Asesor de Desarrollo Sostenible (CADS) de la Generalitat, es asimismo consejero de Acciona.
La noticia tiene un interés especial vista desde Jerez, ya que no hay que olvidar que Acciona, tal y como se publicó en su momento, es una de las dos empresas más interesadas en acceder a la concesión de la gestión del ciclo integral del agua en nuestra ciudad. En este sentido, y tras quedar desierta la primera convocatoria del concurso, pidió al Ayuntamiento jerezano, al igual que Aqualia, facilidades a la hora de hacer frente al pago de los 80 millones de euros en los que se había fijado el canon de la operación, para poder concurrir en el mismo. Una petición que fue tenida en cuenta por el Consistorio a la hora de proceder a la segunda convocatoria de la licitación, cuyo plazo de presentación de ofertas se mantiene abierto en estos momentos.
En el caso catalán que nos ocupa, tal y como exponía elconfidencial.com, el origen de la polémica se encuentra en la privatización de la empresa pública Aigües Ter Llobregat (ATLL) por casi 1.000 millones de euros durante los próximos 50 años. La Generalitat “podría, así, hacer caja y al mismo tiempo eliminar de su deuda pública 1.000 millones de euros que ATLL acumulaba en su pasivo”. Pero la denuncia presentada contra el consejero de Territorio y Sostenibilidad, Lluís Recoder, y contra Ferran Rodés, presidente del Consejo Asesor de Desarrollo Sostenible (CADS) de la Generalitat, ha desatado la polémica.
Según expone elconfidencial.com, “la denuncia relata que Ferran Rodés, que ocupa un cargo de confianza del Gobierno, está vinculado directamente a Acciona, la adjudicataria del concurso, ya que forma parte del Consejo de Administración de esta”.
En la citada denuncia se expone que “debe destacarse que, desde el pasado 20 de marzo, el Consejo está presidido por el hoy denunciado señor Fernando Rodés, quien, entre otras circunstancias, está personal y directamente vinculado a dos de las empresas que conforman el consorcio finalmente adjudicatario del concurso, amén de ser conocida y notoria la estrecha amistad que le une con el también denunciado señor Lluís Recoder”. Por otro lado, Rodés, “además de pertenecer a la cúpula de Acciona, está también vinculado a otra empresa que participaba en la compra”, apostillan.
La Generalitat privatiza Aigües Ter- Llobregat
La Generalitat de Cataluña adjudicó el pasado mes de noviembre la privatización de la empresa Aigües Ter-Llobregat (ATLL) a Acciona, que se impuso finalmente a Agbar. La oferta de Acciona tuvo mejor puntuación que la de Agbar, concretamente 87,73 puntos sobre 100, frente a los 51,25 que había obtenido la compañía con sede en Barcelona, y la Generalitat ha firmado la adjudicación, que ha justificado en que Acciona ofrecía un “mejor precio del agua”. Así pues, finalmente el grupo que preside José Manuel Entrecanales gestionará la compañía encargada del abastecimiento del agua “en alta” -desde su captación en origen hasta su entrega en los depósitos municipales- a la ciudad de Barcelona y su área metropolitana.
El gobierno catalán puso en marcha este proceso para obtener 1.000 millones de euros, 300 de los cuales se deberán abonar de entrada y los 700 restantes durante los 50 años de la concesión, a pesar de lo cual la Generalitat ya podrá incluirlos contablemente este año, de forma que restarán 1.000 millones de euros de déficit público, en torno a un 0,5 % del PIB. En concreto, el canon previsto es de 995,5 millones de euros, de los cuales 298,6 se aportan a la firma del contrato y los restantes 696,8 en 50 anualidades. Acciona se presentaba al concurso junto al banco brasileño BTG Pactual y las familias catalanas Rodés y Godia, mientras que Agbar se había unido con los fondos First State y Caisse Dépot, y con un grupo de empresas catalanas: Copisa, Acsa, Constructora Calaf, Aigües de Terrassa y Aigües de Sabadell.
“En el Departamento de Territorio y Sostenibilidad -prosigue elconfidencial.com-, la apuesta por Acciona era tangible incluso antes de producirse esta en un tiempo récord, debido esencialmente a que ofrecía un precio de tarifa más bajo. Antes de la adjudicación definitiva, Agbar pidió a la Administración que revisase las ofertas porque en el precio ofertado por sus rivales no se repercutían los costes financieros. Ese dato era fundamental, ya que el precio ofertado por Acciona era de 0,7088 euros por metro cúbico, mientras que el de Agbar era de 0,79 euros y la oferta económica pesaba el 75% en los criterios de adjudicación, frente al 25% de los aspectos técnicos, donde Agbar ganaba de lejos. Esta última sostiene que, con los costes financieros, la propuesta económica de Acciona no es sostenible”.
“El pasado mes, Agbar solicitó el acceso al expediente administrativo del concurso, pero le fue denegado. Por ello, planteó un contencioso administrativo para poder leerlo y comparar las dos ofertas. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) dictaminó que la compañía tenía razón y que la Generalitat debía entregarle el expediente. Pero el Gobierno catalán hizo oídos sordos a las sucesivas interlocutorias dictadas por los tribunales hasta hace un par de semanas, cuando no tuvo más remedio que ceder”, se recoge en la información.
“La intrahistoria de la adjudicación -apunta elconfidencial.com-tiene otros matices que no pasan desapercibidos. Fernando Rodés es también presidente del periódico Ara, uno de los buques insignia del nacionalismo catalán. Esta cuestión, unida a su notoria y estrecha amistad con el conseller Recoder, alimenta las sospechas de que el Gobierno miró con mejores ojos la oferta en la que participaba este”.
Los denunciados han eludido por ahora realizar ningún comentario sobre los datos ni las informaciones contenidos en la denuncia hecha pública esta semana por el digital elconfidencial.com.
