La Audiencia Provincial acoge este lunes la vista oral contra los miembros de una red acusada de organizar travesías en patera desde el Magreb hasta el litoral andaluz para ciudadanos marroquíes a quienes, una vez en España, vendían documentos falsos para que intentasen regularizar su situación a través de la obtención del permiso de residencia en la Oficina de Extranjería de la capital almeriense.
En el juicio, que se celebra ante el tribunal de la Sección Primera, la Fiscalía va a solicitar un total de 28 años de cárcel para los integrantes de la trama. Uno de los once acusados, identificado como N.B. enfrenta una pena de ocho años de cárcel como presunto autor de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros mientras que para el resto de los integrantes de la organización interesa dos años de prisión por la supuesta comisión de sendos delitos de falsedad documental continuada. El fiscal solicita, asimismo, el pago de multas de diez meses a razón de doce euros al día.
Según consta en el escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, N.B., con residencia en Málaga, se dedicó entre 2007 y 2008 a organizar y facilitar la entrada en el país de ciudadanos marroquíes a los que cobraba diferentes cantidades de dinero. Para ello, solía contactar con compatriotas que ya habitaban en España y les ofrecía sus servicios para traer a familiares.
En la costa marroquí, un hermano suyo, no procesado, se encargaba de la logística de la travesía mientras que él cobraba el dinero y encargaba a un tercero que recogiera a los inmigrantes una vez arribaban a la costa para ocultarlos de la acción de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y facilitarles la estancia.
En noviembre de 2007, una de sus pateras con 28 personas a bordo, entre ellos un sobrino menor de edad, fue interceptada en aguas de Cádiz. El fiscal acusa, asimismo, a H.F, su compañera sentimental S.S., A.F. y M.A. de estar de acuerdo para obtener dinero mediante la confección "falaz" de la documentación exigida por la legislación española para obtener la regularización en las oficinas de extranjería.
Así, M.A., que figuraba dado de alta como empresa autónoma de jardinería y limpieza en El Ejido (Almería), facilitaba la realización de los contratos de trabajo sin base real a nombre de distintas personas que figuraban como sus empleados. Él, junto a H.F., se dedicaban a captar inmigrantes, los empadronaban en el domicilio que el último compartía con S.F. en la barriada de El Alquián y les ofrecían los documentos a cambio de alrededor de 3.600 euros, según consta en la declaración que han prestado en instrucción dos testigos protegidos.
En concreto, a ambos les vendieron expedientes médicos falsos del Hospital de Poniente y un contrato de trabajo que elaboraban mediante el uso de equipos informáticos e impresoras de inyección de tinta. Por emplear el mismo "modus operandi" para enriquecerse, ya que a ninguno le consta otra ocupación que esta, el fiscal acusa a A.F., Y.F., S.F y S.K., dos hombres y dos mujeres, a los que imputa la confección de documentos como nóminas y permisos de conducir a cambio de dinero. En el momento de su detención, a S.F. y a S.K. se les intervino dos bolsas de basura llenas de este tipo de papeles.
Por último, en el banquillo ante el tribunal de la Sección Primera de la Audiencia Provincial se van a sentar H.B. y D.C.B. El primero regentaba un locutorio en el que se intervinieron 80 pasaportes y 82 personas de residencia y el segundo, de nacionalidad española, figura como administrador único de cuatro mercantiles con sede social en Balanegra.
Según resalta el Ministerio Público, D.C.B. creó las empresas con la intención "falaz" de ofertar contratos de trabajo a inmigrantes que ellos adquirían por diversas cantidades de dinero. En total, presentó un total de 165 expedientes ante la Oficina de Extranjería de los que 122 fueron rechazados por la administración al no cumplir los requisitos recogidos por la ley.
