La Diputación de Granada ha aprobado en pleno extraordinario, con los únicos votos a favor del equipo de gobierno popular, llevar ante el Tribunal Constitucional (TC) el decreto de medidas urgentes en materia urbanística y para la protección del litoral impulsado por la Junta de Andalucía.
Concretamente, se ha aprobado, con la abstención del PSOE y los votos en contra de IU, "interponer un conflicto de Defensa de la Autonomía Local ante el TC contra este decreto por no concurrir la extraordinaria y urgente necesidad que exige el Estatuto de Autonomía, atentando contra la autonomía local constitucionalmente garantizada".
El portavoz del equipo de gobierno provincial, José Torrente, ha opinado que esta medida "invade de forma clara" las competencias municipales y la autonomía municipal y tampoco concurren a su juicio las circunstancias recogidas en el Estatuto de Andalucía para tramitarla con carácter de urgencia.
La diputada provincial PSOE Olga Manzano se ha mostrado contraria a esta postura, toda vez que, según ha dicho, el citado decreto desarrolla una competencia exclusiva de la Junta de Andalucía. Asimismo, ha defendido que sí existe una necesidad urgente de preservar el litoral del modelo urbanístico que provocó la burbuja inmobiliaria a fin de no "repetir los errores del pasado".
Pese a todo ello, ha explicado que el grupo socialista no se opone a que el Constitucional se pronuncie sobre esta medida y por ello se ha abstenido en la votación.
En el mismo sentido se ha pronunciado la portavoz del grupo provincial de IU, María Asunción Pérez Cotarelo, a cuyo juicio, la actual situación de crisis se deriva de la "política del ladrillo" puesta en marcha por anteriores dirigentes y que ha dado lugar a "cosas tan terribles como el --Hotel-- Algarrobico de Almería". Por ello, su formación ha votado en contra.
