El subdelegado del Gobierno en Cádiz, Javier de Torre, se reunió en Madrid con el director general de Infraestructuras del Ministerio de Defensa, Eduardo Zamarripa. Durante ese encuentro, ambos dirigentes abordaron cómo afecta a las instalaciones del Ejército de Tierra en Paloma Baja y Paloma Alta la problemática que presenta periódicamente la carretera que atraviesa la duna de Valdevaqueros, en Tarifa.
El subdelegado presentó al director general las tres opciones que la empresa pública Tragsa ha elaborado como alternativas provisionales a la carretera actual, mostrando el representante de Defensa su interés por esas opciones y trasladando al subdelegado la postura del Ministerio de no oponerse, como titular, junto al Parque Natural, de los terrenos por donde se proponen las alternativas a la situación actual, a que la opción más aconsejable pueda ser realidad lo antes posible.
También mostró su confianza en que, de una vez por todas, la administración titular de la vía, la Junta de Andalucía en este caso, aborde esa solución óptima, tanto para las baterías de costa allí asentadas como para los propios vecinos tarifeños afectados por esta problemática medioambiental.
Otros asuntos
En la reunión mantenida en Madrid, el subdelegado y el responsable de Infraestructuras de Defensa trataron también sobre la propuesta de implantar una piscifactoría en el CAIM Sierra del Retín' de Barbate. En este sentido, abordaron la especial problemática que se da al respecto, al estar afectado el proyecto por su ubicación, en pleno campo de adiestramiento para la Infantería de Marina y otras armadas aliadas, el único existente en España.
Ambos mostraron la receptividad de la Administración de Defensa a iniciativas emprendedoras de creación de empleo, que puedan ser compatibles con el medio ambiente sin perjudicar el normal desarrollo de las actividades programadas por la Armada española en Barbate, confiando que al igual que ya se da en el caso de alguna explotación ganadera en el propio campo de adiestramiento, los informes técnicos últimos permitan la viabilidad de esta nueva iniciativa, siempre y cuando se determine su compatibilidad con las actuaciones y servidumbres propias de tal instalación militar.
Javier de Torre trasladó también al director general de Infraestructuras del Ministerio de Defensa la problemática social existente en San Fernando en torno al Hospital Naval de San Carlos. En este sentido, la postura del Ministerio es bien clara, al entender que es preciso que la Administración competente en materia sanitaria en la Comunidad Autónoma andaluza deba hacerse cargo de la gestión del Hospital de San Carlos, ya que es el único de los hospitales militares españoles que sigue sin ser traspasado o conveniado con la administración sanitaria correspondiente, en este caso, la Junta de Andalucía.
Ambos representantes institucionales manifestaron su preocupación por la negativa autonómica andaluza a cerrar un acuerdo de futuro en torno a San Carlos, máxime cuando es una instalación hospitalaria que bien puede dar salida a la problemática existente en el caso del segundo hospital de Cádiz, además de prestar servicio hospitalario a la población de San Fernando (actualmente con unos 98.000 habitantes de derecho), la única ciudad mayor de 75.000 habitantes en Andalucía que no cuenta con hospital propio.
En esta línea, el Ministerio mantiene su oferta de entregar el centro hospitalario de modo gratuito a la administración.
