La Fiscalía malagueña y el Ayuntamiento de Mijas (Málaga) han mantenido este viernes la acusación contra cinco policías locales de dicho municipio, acusados de aprovechar su condición de agentes para traficar con drogas; a pesar de que la Audiencia ya había anulado previamente pruebas, como las escuchas telefónicas, seguimientos, vigilancias, registros y declaraciones de algunos acusados.
Las acusaciones han pedido una sentencia condenatoria por un delito contra la salud pública para los cinco agentes y otra persona más, solicitando penas que oscilan entre los seis años y nueve meses de prisión para el principal acusado y los cuatro años solicitados para el procesado que no es policía. Las defensas han insistido en la absolución, al entender que no hay pruebas contra sus clientes.
Las detenciones se produjeron en 2009. Según las acusaciones, los agentes se aprovechaban de "su condición de funcionarios de la Policía Local y de la posibilidad de utilización de uniformes, armas, documentos y vehículos oficiales", además de usar información para, supuestamente, aparecer en operaciones de desembarco de droga y "apropiarse y lucrarse con el producto de su venta".
La Audiencia, a través de un auto, anuló dichas pruebas al acoger la tesis planteada por las defensas en las cuestiones previas, en la primera sesión del juicio en noviembre, que aludía a que las escuchas existentes en esta causa procedían de otras llevadas a cabo en un procedimiento distinto, sin que se hubiese incorporado en este caso las mismas ni tampoco los oficios ni otras resoluciones.
En la sesión celebrada este viernes, en la que el juicio ha quedado visto para sentencia, los acusados se han acogido a su derecho a no declarar. Sí han comparecido dos agentes de la Guardia Civil responsables de la investigación, quienes han admitido que esta causa surge de la otra y de las escuchas de aquella, aunque han asegurado que se hizo trabajo de campo independiente.
LAS PRUEBAS
Previamente, el fiscal ha expresado su protesta ante la anulación de las pruebas y ha recordado que junto con un escrito de alegaciones presentado ante la Sala se aportaron esos testimonios y documentos que dieron origen a la causa. A esta incorporación se han opuesto las defensas y el Tribunal ha determinado, tras deliberar, que se une la documental, pero no para ser valorada como prueba.
Ya en el informe final, la acusación pública se ha centrado en combatir la nulidad y ha insistido en que no es correcto aplicar un acuerdo no jurisdiccional del Tribunal Supremo para anularlas, como se ha hecho, apuntando que las defensas "no han sido leales". Sobre la acusación, ha dicho que "es obvio que estas personas traficaban con droga y utilizaban sus uniformes para cometer sus fechorías".
Por su parte, el letrado de la acusación particular ha incidido en este aspecto, considerando que esa condición de agentes públicos "hace que el reproche sea muchísimo mayor". Ha confiado en que "la más que probable sentencia absolutoria que se dicte no sea motivo de alarde" por parte de los acusados y ha dicho esperar que si esa absolución se produce los agentes "reflexionen".
Las defensas han sostenido que la vista de este viernes era para determinar si había prueba más allá de las escuchas y resoluciones anuladas, considerando que no porque "la nulidad alcanza a toda la prueba" y se ha evidenciado que las intervenciones telefónicas "han sido la base" de la prueba de campo. Además, uno de los letrados ha indicado que no ha habido deslealtad de las defensas, sino "negligencia acusatoria".
