El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, firmó el pasado 19 de abril un Real Decreto -publicado el pasado sábado, día 11 de mayo- para indultar a Antonio Manuel Morales Fernández, un empresario sevillano condenado en marzo de 2011por un delito continuado de falsedad en documento mercantil y otro delito continuado de insolvencia dolosa. La pena sumaba tres años y diez meses, que la medida de gracia concedida por el Gobierno deja en dos años -para poder evitar la cárcel-, según informa el portal ‘El BOE nuestro de cada día’.
El indultado fue condenado por “descapitalizar” cuatro sociedades a su cargo encargadas de la restauración de varios aeropuertos españoles, “desentendiéndose de manera intencionada de las obligaciones y deberes que tenía asumido [sic] con proveedores, empleados, empresa concesionaria y entidades financieras”, tal y como concluye la sentencia de la Audiencia Nacional y recoge el referido portal digital.
A través de las cuatro firmas, Morales regentó los servicios de cafetería y restauración de los aeropuertos de Madrid, Barcelona, Palma de Mallorca, Sevilla, Málaga y Jerez de la Frontera entre 1989 y 1994. Gracias al aval que le otorgaban estos contratos, firmó acuerdos millonarios con proveedores y, durante años, vació las arcas de las empresas que dirigía a través de sociedades pantalla, un entramado de movimientos de capital entre las distintas empresas, facturas falsas por “conceptos imaginarios”, la concesión de préstamos a los mismos socios que nunca devolvían o incluso métodos algo más burdos, como la retirada de efectivo.
Consciente de la situación que había provocado en las empresas, en mayo de 1994 nombró testaferro de todas ellas a la abuela de su cuñada, una mujer de entonces 74 años, y las declaró en quiebra, dejando deudas millonarias a Aena, el Banco Santander y los proveedores. Diferentes juzgados declararon fraudulentas todas esas quiebras y finalmente, en 2011, fue condenado por la Audiencia Nacional.
Según el portal digital, el nombre de Antonio Manuel Morales Fernández también apareció a principios de los 90 relacionado con Juan Guerra, hermano del entonces vicepresidente español Alfonso Guerra.
El empresario, amigo de Guerra según sus propias declaraciones, fue acusado de recibir trato de favor en concesiones aeroportuarias gracias a esa relación.
A pesar de que la ley indica que es una “medida excepcional”, los sucesivos Gobiernos españoles han utilizado el indulto de forma generalizada. Desde el año 1996 hasta la fecha se han concedido en España cerca de 10.200 indultos, a una media de 600 por año.
