La delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, ha afirmado hoy que el apoyo del Ejecutivo andaluz a la política exterior española en el contencioso de Gibraltar debe expresarse “sin matices ni fisuras de ningún tipo” y, en este sentido, ha pedido al Ejecutivo autonómico “que aclare tajantemente si respalda el derecho irrenunciable de los pescadores del Campo de Gibraltar a seguir faenando en su caladero histórico”.
Crespo considera “imprescindible que, en primer lugar, las autoridades de la Roca retiren los bloques de hormigón que han arrojado al mar en aguas territoriales españolas”, en lo que considera “un grave atentado contra el medioambiente y contra los pescadores españoles” y ha lamentado que el Gobierno andaluz no haya expresado aún “su apoyo tajante a este posicionamiento”.
“El gobierno de España siempre está abierto al diálogo entre Estados, pero Gibraltar debe demostrar que tiene intención de restaurar el daño causado, retirando los bloques”, ha explicado la delegada.
Crespo ha recordado también que el Gobierno de España está tramitando una línea de ayudas a pescadores y armadores de la zona que se han visto afectados por la actuación unilateral de Gibraltar y se ha preguntado “qué ha hecho el Gobierno bipartito andaluz para ayudar a esas familias, que tan mal lo están pasando, desde que comenzó el conflicto”.
Colaboración autonómica
Crespo se ha sorprendido de que desde el Ejecutivo autonómico se pida ahora celeridad en la resolución del contencioso, tras un casi mes de ausencia e inacción. “No basta con expresar preocupación, hay que trabajar”, ha dicho la delegada, quien recuerda que “la Junta de Andalucía tiene transferidas muchas competencias que le permitirían actuar para ayudar a los vecinos de La Línea y Algeciras en la actual situación, entre ellas las políticas activas de empleo”.
A este respecto, Crespo ha reiterado que el Gobierno “sigue aún esperando a que la Junta diga si acepta la creación de foros complementarios en los que, además de los Estados, puedan participar otras autoridades, como el Gobierno de Gibraltar y la Junta de Andalucía, para tratar áreas en las que tengan competencias.”
Finalmente, la delegada ha reiterado que el Gobierno de España tiene “el derecho y la obligación de realizar controles en la Verja contra el tráfico ilícito de bienes y mercancías y ha defendido la “proporcionalidad” de los controles que se vienen practicando en relación con la dimensión de estos tráficos ilícitos, dado que “el contrabando de tabaco se ha incrementado entre 2010 y 2012 en un 213 por cien”.
Por ello, ha calificado como “una buena noticia” que la Comisión Europea vaya a investigar,a petición de España, “no sólo el lanzamiento de los bloques de cemento al mar y los controles en la Verja, sino también la dimensión aduanera y la lucha contra el tráfico de mercancías”.
