El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) arcense se ha sumado esta semana al debate sobre la reforma de las leyes educativas y de la administración local para asegurar que las medidas del Gobierno central, en manos del Partido Popular (PP), serán perjudiciales para la sociedad española.
En el primer caso, fue la nueva secretaria General de Juventudes Socialistas, Fátima Campanario, la encargada de defender la postura de su partido frente a las medidas de la ley del ministro Wert, para lamentar de inicio la falta de respuesta del gobierno provincial en Diputación ante la petición del PSOE encaminada a que el Gobierno central garantice las becas a miles de estudiantes gaditanos. De hecho, el PSOE mantiene que serán alrededor de 10.000 los jóvenes que se quedarán sin beca, a la que el Gobierno central ha destinado un 14 por ciento menos respecto al último Presupuesto General del Gobierno de Zapatero (PSOE).
En el otro extremo de la balanza, Fátima Campanario ensalzó las políticas sociales y educativas de la Junta de Andalucía por mantener distintos tipos de becas que están logrando que los jóvenes sigan estudiando con independencia de sus recursos económicos. Como ejemplo, el Gobierno socialista de Andalucía destina 50 millones de euros a las becas Erasmus, es decir, la misma cuantía que destina el Gobierno central para las becas en toda España, según la secretaria de Juventudes Socialistas. Como conclusión, Campanario espera que la sociedad respalde la convocatoria de huelga de la enseñanza prevista del 22 al 24 de este mes, invitando especialmente a los estudiantes a que se movilicen.
El segundo argumento de los socialistas de Arcos para arremeter contra el Gobierno de Rajoy fue la reforma de la Ley de Administración Local cuyo trámite en el Congreso comenzó este jueves.
El secretario General y portavoz del grupo municipal, Isidoro Gambín, apeló al consenso entre partidos políticos, sindicatos y técnicos; es decir, al aspecto que ha fallado en el proceso en torno a la ley, según el socialista, que en esta dirección apuntó al presunto autoritarismo con que ha actuado el Gobierno central. Como conclusión, el PSOE se teme un grave recorte de los derechos ciudadanos y una notable pérdida y merma de servicios.
Si bien entiende que el propósito del Gobierno central es buscar una mayor estabilidad financiera, el PSOE sostiene que el PP “culpa a los ayuntamientos” de los problemas económicos que genera el Gobierno central y el Estado, cuando en realidad la carga económica de los municipios es del cuatro por ciento.
Gambín auguró que la reforma de la Administración Local no servirá más que para alejar al ciudadano de los servicios, “con un duro golpe al estado del bienestar”.
Con el aumento territorial con la desaparición de pequeños ayuntamientos se daría “un trato distante e injusto entre el ciudadano y la administración”, según el concejal socialista, que además se teme que el objetivo del PP sea “desmantelar y privatizar” servicios públicos esenciales, con una carga económica que recaería sobre el ciudadano, advirtió.
Gambín concluyó su opinión asegurando que los primeros grupos perjudicados con la reforma de la Administración local serán los dependientes, personas con discapacidad, menores y otros grupos susceptibles de perder cobertura social, señaló. También sostiene que la reforma dará al traste con 40.000 puestos de trabajo en los ayuntamientos.
