La Audiencia Provincial de Cádiz acoge desde este lunes el juicio contra nueve personas presuntamente relacionadas con un alijo de más de 660 kilogramos de hachís que pretendía ser introducido a través del río Barbate y que pudo ser abortado por la Guardia Civil en febrero de 2012.
Según el escrito de calificación fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press, el juicio se desarrollará durante las jornadas del lunes, el martes y el miércoles, estando previsto que se sienten en el banquillo los nueve acusados, la mayor parte con antecedentes y, a excepción de dos de ellos, en situación de prisión preventiva desde su detención.
Detalla que las diligencias se iniciaron al tener conocimiento de la existencia de un grupo de personas, entre las cuales se encontraban los procesados, que podría estar dedicándose a facilitar la entrada de cantidades de hachís por las costas españolas, concretamente por la zona de Barbate y Zahara de los Atunes.
Así, se estableció un dispositivo de vigilancia que permitió comprobar como algunos integrantes de este grupo remolcaban una embarcación hasta la zona de la depuradora de Barbate y partía con uno de los detenidos y dos personas más que no han podido ser identificadas en dirección a los Caños de Meca para dirigirse a alta mar.
Transcurridas unas horas, la embarcación regresó y se ocultó en una zona de acantilados cercana al faro de Trafalgar, donde supuestamente fondearon varios fardos de hachís con intención de ocultarlos y recogerlos más tarde, al haber sido alertados de la presencia policial. Una vez oculta la droga, regresaron a puerto.
A primera hora del día siguiente, tres de los acusados utilizaron la embarcación para dirigirse al lugar del fondeo y recoger los fardos, regresando a gran velocidad hacia la zona del río Barbate, momento en el que se produjo la intervención de la Guardia Civil.
Según el relato del Ministerio Público, los reseñados hicieron caso omiso de las señales luminosas y acústicas de los agentes, realizando varias maniobras evasivas y "peligrosas" con la embarcación, llegando a colisionar hasta en tres ocasiones con la patrullera de la Guardia Civil, a la que produjeron daños tasados por perito judicial en 8.600 euros.
En la tercera de las colisiones, el patrón salió despedido hacia el agua, quedando la embarcación sin rumbo e impactando finalmente con unas rocas de las proximidades. Una vez abandonaron la nave, los otros dos tripulantes ofrecieron "gran resistencia", llegando a producir lesiones a varios funcionarios actuantes.
Detalla que del interior de la embarcación se recuperaron cuatro fardos de hachís de entre 30 y 40 kilos cada uno y, posteriormente, se realizó un servicio de búsqueda en la zona en la que se produjo el fondeo, hallando otros siete fardos más. La droga arrojó un peso total de 664.500 kilos que habrían superado el millón de euros en el mercado.
El Ministerio Fiscal considera que los hechos descritos son constitutivos de un delito contra la salud pública de sustancias que no causan grave daño para la salud, agravadas por ser la cantidad de notoria importancia y por el uso de la embarcación. Por ello, considera que procede imponer cinco años de prisión a cada uno de los acusados --seis a uno de ellos por reincidencia-- y una multa de tres millones de euros.
Asimismo, considera que los tres ocupantes de la embarcación interceptada --entre quienes se encuentra el reincidente-- son autores de un delito de resistencia grave a los agentes de la autoridad por el que pide un año y nueve meses de prisión, y también de dos delitos de lesiones, reclamando un año de cárcel por cada uno de ellos.
Así, estos tres procesados tendrían que sumar tres años y nueve meses de cárcel a la pena solicitada por el delito contra la salud pública. Igualmente, propone que indemnicen solidariamente a los funcionarios agredidos en la cantidad de 2.660 euros --849 para uno y 1.811 para otro-- por los daños causados.
