“No hay dinero público, hay dinero de los contribuyentes”. Margaret Thatcher
Una vez aprobada la ley estatal de Transparencia y la ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, de cuyo Proyecto de Ley ya di mi opinión y sobre cuyo texto final, avanzo, también me ocuparé en algún futuro espacio en este jardín, me sigo cuestionando si la reforma del sistema político-público que contienen ambas leyes no resulta más que un producto light. Estamos, considero, aún lejos de las reformas necesarias, como la de la financiación de unos sindicatos que si bien tuvieron su sentido para la difícil puesta en marcha de nuestra democracia, a estas alturas requieren, sin duda, de un nuevo modelo. Y no lo digo por la información que está saliendo a la luz con motivo de los EREs o de los cursos de formación, donde hay tela del telón, ni tan siquiera por esa operación Cirene –el tío que pone nombres a las operaciones de las fuerzas de orden público es todo un crack, añado- mediante la cual la Guardia Civil busca estos días en la contabilidad interna de UGT, lo digo porque todo aquello que se financie con dinero de todos debe conocerse, controlarse y ser del todo transparente. Me he dedicado a hurgar, dedos sueltos los míos, sobre la cuestión sindical para pagar una deuda pendiente, porque es actualidad, porque hasta los gatos que circulan por los tejados del sindicato saben a qué huelen determinadas cosas del mundo de la pancarta y porque no es justo que este brazo armado lleve décadas fiscalizando a empresas y a gobiernos y a ellos nadie les reclame nada. Me extiendo, advierto desde ya.
Fiscalización de las cuentas. No resulta admisible que las cuentas de las formaciones sindicales no sean fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas o las respectivas Cámaras de Cuentas autonómicas, como lo están las de los partidos políticos- de cuyo último informe me comprometo también a escribir-. De hecho, hasta ahora, el misterio mejor guardado de los sindicatos es los ingresos que obtienen, de dónde proceden y en qué se los gastan. Como perceptores o beneficiarios de subvenciones o ayudas concedidas por entidades públicas están obligados a justificar su destino y a rendir su contabilidad anual ante el Tribunal de Cuentas, pero injustificadamente los sindicatos, hasta la fecha, no lo han hecho y lo que resulta más sorprendente es que ninguna instancia se lo haya exigido -¿por qué?- y, más grave aún, que ni tan siquiera el Tribunal de Cuentas de oficio las haya fiscalizado. Los dirigentes sindicales, en su descargo, afirman que todos los sindicatos tienen la obligación estatutaria de llevar un libro de cuentas y de tenerlo a disposición de sus afiliados y, además, los principales sindicatos cuentan con una comisión de cuentas para llevar el control de las mismas, de ser auditados, lo cual implica que control interno hay, pero no justifica incumplir la obligación de someterse al control externo del Tribunal. Esta situación se ha querido parchear incluyendo en la reciente Ley de Transparencia estatal la obligación de publicar en sus páginas web todos los contratos y convenios suscritos con las administraciones públicas y las subvenciones y ayudas públicas recibidas, sobre lo cual resulta curioso que el pasado junio los dirigentes de CCOO y UGT, Rodolfo Benito y Frederic Monell, fueran al Congreso a aceptar someterse a la Ley de Transparencia -tal que si necesitase del beneplácito de ellos- aunque dejando claro que “la ley no puede ser en ningún caso limitadora del derecho de libertad sindical que implica una completa autonomía organizativa y una prohibición de injerencia de los poderes públicos". En cualquier caso, siendo muy importante la transparencia y, en base a ella, la puesta en conocimiento público de las cuentas, nos seguimos conformando con gestos que no abordan el problema en su verdadera dimensión: publicar los datos no significa que el uso del dinero público recibido esté fiscalizado.
Financiación sindical. Aunque pueda parecer sorprendente, no existe ninguna normativa que regule la financiación sindical, por lo que las fuentes de ingreso de los sindicatos se derivan de las cuotas de sus afiliados y de la distintas partidas que reciben del erario público en forma de ayudas o subvenciones, además de inmuebles recibidos gratis del Estado y un buen número de horas sindicales retribuidas a los representantes y delegados sindicales. El modelo actual parte de la época de la transición, en la que era necesario contar con la paz social para la consolidación de la democracia y, para ello, se les dotó de un peso político y económico para configurarles como organizaciones no sólo representativas de los trabajadores sino también prestadoras de servicios y de funciones institucionales, siendo esto último lo que justificaba el establecimiento de la financiación pública. El resultado: salvo las excepciones que confirman la regla, en todo el periodo democrático transcurrido no hemos sufrido grandes conflictos sociales. El precio: una buena cantidad de millones pagados con los impuestos de todos. Los daños colaterales: un status privilegiado por el que, entre otras cosas, se viene permitiendo la opacidad en sus cuentas y, por ende, en el destino de los fondos públicos recibidos. Opacidad que hace difícil detallar las cuantías de sus ingresos, obligándonos a acudir a las distintas partidas de los presupuestos estatales, autonómicos y locales y a la escasa información que ofrecen los mismos sindicatos. Si acudimos a las manifestaciones ante el Congreso de los Diputados de los dirigentes de CCOO y UGT, con ocasión del proyecto de ley de transparencia, Rodolfo Benito intentó convencernos de que “sólo un 2,81% del presupuesto de CCOO procede de financiación pública”. Por el contrario, Monell, en un ejercicio algo más sincero, expuso que “la financiación por vía de cuotas de la UGT alcanza el 70% de su presupuesto”. Lo cierto es que los datos de los que disponemos demuestran que lo que alcanza un pequeño porcentaje son las cuotas de los afiliados y casos como el de los EREs fraudulentos o el de los cursos de formación han revelado que, además de las subvenciones públicas, los sindicatos cuentan con diversas vías millonarias de financiación.
Financiación de los contribuyentes. En el Presupuesto General del Estado se incluyen partidas que contemplan subvenciones del Ministerio de Empleo y Seguridad Social a los sindicatos para garantizar su funcionamiento, que para 2014 ascienden a 11.582.000 euros, siendo el 80% para CCOO y UGT debido a la representatividad que tienen calculada por el número de representantes sindicales salidos de sus elecciones y no por el número de afiliados tal y como ocurre en otros países y que provoca poco interés en la captación de socios. Además, hay que añadir las subvenciones que concede el Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE) para el fomento del empleo, que en 2010 ascendió a 2.432 millones de euros -para 2014 serán 4.073 millones de euros-, de los cuales las entidades sindicales percibieron 172.667.675,5 euros, de los que 83.461.408,7 euros correspondieron a CCOO y 85.025.943 a UGT, a lo que hay que añadir 21.083.110,63 euros para los planes de formación intersectorial a repartir entre estas dos centrales sindicales. Seguimos sumando: para los cursos de formación de las políticas activas de empleo, gestionada por las comunidades autónomas, los sindicatos reciben 1.600 millones de euros. Por sus funciones consultivas en órganos como el Consejo Económico y Social o la Fundación Tripartita se reparten a los sindicatos mayoritarios unos 4 millones de euros; en concreto se sabe que en el año 2009 se destinaron un total de 4.800.790 euros. Suma y sigue: los Ministerios vienen concediendo subvenciones finalistas para la participación de las formaciones sindicales en programas de salud laboral, integración de inmigrantes, igualdad de género, drogodependencia, violencia de género o para promover la actividad sindical en determinados sectores, como las que por importe de 1.366.820,00 euros pagó el Ministerio de Educación para el fomento de la acción sindical en el ámbito de la enseñanza privada. Además, perciben ingresos por la participación en la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales, que los Presupuestos del Estado para 2014 destinarán 25 millones de euros. También es otra fuente de ingresos la participación de los sindicatos mayoritarios en la Mesa General de la Función Pública, que asciende alrededor de 1 millón de euros a repartir entre los de representación mayoritaria. Finalmente, las Comunidades Autónomas y los ayuntamientos y diputaciones provinciales también aportan cantidades a la financiación de los sindicatos y de sus entidades y fundaciones asociadas por medio de la percepción de subvenciones finalistas y planes de formación y empleo, cuantías que resultan difíciles de conocer por la diversidad y dispersión territorial. Todo esto hace un total de unos 200 millones de euros anuales para cada una de las dos grandes centrales sindicales.
Las horas sindicales que pagamos todos. Según el art. 68 del Estatuto de los Trabajadores, los representantes y delegados sindicales tienen derecho a un número de horas mensuales dentro de la jornada laboral, manteniendo el sueldo íntegro -de 15 horas mensuales a 40, según el tamaño de la empresa-. Es decir, la empresa o la administración en las que trabajen se hacen cargo de retribuir las funciones sindicales. Estas horas de cada representante o delegado se pueden acumular para contar con liberados, de tal modo que puedan dedicar la jornada laboral entera a las actuaciones sindicales. Llegados a este punto, la pregunta es: ¿Cuántos liberados existen en España?, y la respuesta sólo puede ser aproximativa ya que no hay ningún censo y los sindicatos no gustan de contarlo; la patronal CEOE reconoce unos 4.200 en las empresas privadas y el Estado los cuantifica en unos 10.000 entre todos los entes del sector público. Y, por lo que respecta al importe de las retribuciones de los liberados, la estimación asciende a unos 700 millones de euros que se ahorran los sindicatos al no tener que ser ellos los que sufraguen el trabajo de sus representantes –unos 350.000-.
Aportación de afiliados. Las cuotas mensuales que en 2013 han abonado los afiliados de las dos centrales sindicales dominantes oscilan entre 5,50 a 11,10 euros para los de CCOO y de 3,65 a 11,80 euros para los de la UGT, datos publicados en sus respectivas web, pero la información sobre el número de los mismos no parece que guste a sus dirigentes darlas a conocer. Según confesiones de café, la crisis ha provocado el descenso progresivo de afiliaciones. CCOO, a principios de este año, dio a conocer que 2012 se cerró con 1.143.000, siendo previsible que a estas fechas de 2013 anden por debajo del millón y en cifras similares UGT, por lo que los ingresos totales anuales aportados por ellos ascienden alrededor de 100 millones de euros en cada una de las dos centrales sindicales si es que todo el mundo, como improbable parece, estuviese al corriente. A esto hay que añadir los ingresos que perciben de los no afiliados por los servicios de carácter jurídico, tanto asesoramiento como defensa en juicio -unos 20 millones año- que facturan a precios, todo hay que decirlo, no muy alejados de los del mercado, aunque en muchos casos parte de este dinero va a parar a profesionales ajenos a la central. Y hasta la nueva reforma laboral, también venían cobrando por su participación en los EREs un porcentaje sobre el importe de cada indemnización percibida por los trabajadores despedidos.
Patrimonio sindical. El apartado del patrimonio con el que cuentan los principales sindicatos, conformado por edificios e inmuebles, también se deriva del estatus especial del que disfrutan, ya que por un lado la ley obliga a los empresarios a cederles locales en el lugar de trabajo, pero lo verdaderamente significativo es que los inmuebles donde tienen ubicadas sus sedes han sido cedidos, en su mayoría, por el Estado y resto de administraciones públicas. Poco se ha contado sobre la devolución del patrimonio histórico sindical que en 1986 se efectuó a favor de UGT, CCOO, CNT y ELA -por la que pasaron a ser propietarios de los inmuebles del antiguo Sindicato Vertical franquista, unos 200 edificios, entre ellos el de la Avenida de América de Madrid, actual sede central de la UGT, que fue la más beneficiada-, además del pago como compensación de los inmuebles que no se les entregó y cuyo importe superó los 5.000 millones de pesetas. Además, las distintas administraciones públicas vienen cediéndoles edificios y locales para sus respectivas sedes territoriales.
En definitiva, el total de este maremagnun de ingresos asciende para cada uno de los dos sindicatos mayoritarios a unos 300 millones de euros anuales, de los cuales el 34% corresponden a las aportaciones de los afiliados y el 66% a financiación pública, lo cual justifica que los ciudadanos quieran claridad en sus cuentas y, sobre todo, conocer a dónde van a parar tantos millones. Si el modelo de financiación sindical fuese como el alemán o como el italiano, en los que el grueso depende de las cuotas de afiliados, no tendría relevancia la opacidad de sus cuentas, pero el no ser así exige un análisis profundo y consiguiente reforma hasta encontrar el punto de equilibrio entre la ayuda pública que garantice el mantenimiento y viabilidad económica de los sindicatos y el necesario esfuerzo por parte de ellos de aumentar su autofinanciación, como hace todo hijo de vecino. Y mucha más transparencia, la misma que exigen a los demás, que no pasa nada, mucha más fiscalización de ese dinero público que aportamos todos con los cada día más elevados impuestos no sea que nos veamos obligados a, pancarta en mano, encadenarnos frente a las centrales sindicales para que nos enseñen sus cuentas. Pero las de verdad.
