La Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, dirigida por Elena Cortés, ha adjudicado los 71 inmuebles de protección oficial de promoción pública que tenía en la ciudad, concretamente en el Polígono Aeropuerto. La adjudicación se produce tras pasar las viviendas de venta a alquiler con opción a compra, rebajando además la renta que deben abonar los vecinos y eliminando el requisito de presentar aval.
De este modo, la Junta andaluza indica en un comunicado que se ha "culminado" el propósito de que todas sus viviendas en Sevilla cumplan su función social. "La vivienda sirve para ser habitada porque es un derecho y no un negocio y, en un contexto como el actual, de emergencia social y habitacional, la obligación de la administración es adaptarse a la realidad y facilitar el acceso de las familias a las viviendas", ha señalado Granada Santos, delegada de Fomento y Vivienda en Sevilla, que ha destacado la "diligencia y efectividad" de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), antigua Empresa Pública del Suelo de Andalucía (EPSA), en la adjudicación y entrega de las viviendas.
Así, recuerda que el Plan de Acción de Viviendas Deshabitadas fue presentado por Cortés el 16 de mayo en el Parlamento de Andalucía. En total, incluía 638 viviendas pendientes de adjudicación en toda Andalucía, 71 de ellas en la capital autonómica. El propósito fundamental del plan era agilizar la adjudicación de dichas viviendas mediante su paso de venta a alquiler asequible, adaptado a familias con recursos limitados que no pueden afrontar la adquisición de estos inmuebles por la pérdida de poder adquisitivo y por las dificultades para obtener financiación bancaria.
"En el caso de Sevilla, ese propósito está ya cumplido", ha señalado Santos, que agrega que 70 de las 71 viviendas "no sólo están adjudicadas, sino también entregadas ya a sendas familias, mientras que en el caso restante la familia adjudicataria está preparando la documentación para la firma inminente del contrato para habitar la vivienda, que ha sido adaptada para personas con discapacidad.
Todos los inmuebles se localizan en dos promociones de 317 viviendas protegidas que fueron construidas por la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en este barrio sevillano para destinarlas a familias con escasos recursos. Las familias destinatarias no superan 3,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), lo que supone unos ingresos de 26.000 euros netos anuales.
