Un auto dictado por por el Juzgado de Primera Instancia número 3 ha paralizado por primera vez en Huelva sendas ejecuciones hipotecaría por un error de forma, ya que la entidad que quería ejecutar el desahucio, no era la misma que había firmado en su día la hipoteca, ni tampoco había procedido a cambiar la misma legalmente, con el consiguiente gasto asociado. Los autos condenan además a Caixabank, que quería ejecutar las hipotecas firmadas en su día con Caja San Fernando a abonar las costas del proceso. Se trata de una decisión judicial favorable a Ausbanc, que representa a la afectada, y que, niega la razón a Caixabank en su intento de desahuciar a dos ciudadanos onubenses que en su día, con quién contrataron el préstamo para sufragar su vivienda fue con la Caja ahora absorbida por la entidad catalana. De hecho, la titular del juzgado de Primera Instancia número 3 de Huelva dispone en uno de sus autos “el sobreseimiento y archivo de la presente ejecución, condenando al ejecutante (Caixabank) al abono de las costas...” Y lo hace “al no ser ejecutante la titular registral de la garantía hipotecaria cuya ejecución se pretende”. Y es que, según la juez en ninguno de los documentos aportados a la causa “se indica qué derecho ostenta Caixabank o cualquier otra entidad sobre los créditos y demás derechos de los que fuera titular la Caja de Ahorros Provincial San fernando de Sevilla y Jerez”.
Desde Ausbanc, Antonio Olaya, su delegado en Huelva, considera que hay otros muchos casos donde se puede producir lo mismo, y se valora, que ahora, los afectados ganan tiempo para resolver su situación, y llegado el caso, poder pagar y no perder sus viviendas.
Intereses abusivos
Por otro lado, tanto Antonio Olaya como Luis Pineda, presidente nacional de la Asociación de Usuarios de Banca (Ausbanc), destacaron también otro auto más del mismo juzgado que deja en evidencia las prácticas abusivas a las que suelen acudir las entidades financieras a la hora de contratar préstamos hipotecarios. En este caso, declara nulos los intereses de demora pretendidos por una hipoteca contratada en Huelva por un ciudadano con el BBVA. En el auto, la titular del Juzgado de primera instancia número 3 de Huelva señala que la imposición de un interés moratorio del 19 por ciento anual supone “la imposición de una indemnización desproporcionadamente alta al consumidor y usuario que no cumpa sus obligaciones”.
La jueza concluye “que no ha lugar a despachar ejecución por cantidad alguna en concepto de intereses de demora “ ya que la entidad bancaria, el Banco bilbao Vizcaya, no tiene en este caso derecho a cantidad alguna por el citado concepto de demora al declarase nula la cláusula que los recoge”.
Con este tipo de autos, que según los representantes de Ausbanc ponen en evidencia la independencia de la Justicia, se anima a quienes se consideren perjudicados en sus derechos por las prácticas bancarias, a recurrir, a reclamar, para evitar que la parte más fuerte, en este caso los bancos, se siga saliendo con las suyas, algo a lo que estaban acostumbrados hasta el momento.
A vueltas con las cláusulas suelo y el Mercantil de Huelva
El presidente de Ausbanc a nivel nacional, Luis Pineda, volvió a incidir ayer en en hecho de que el Juzgado Mercantil de Huelva se siga apartando de la jurisprudencia de las cláusulas suelo dictada por el Tribunal Supremo y que le obliga a algo que no está haciendo, admitir las reclamaciones de los hipotecados y declararlas nulas. Según manifestó ayer Pineda una vez más, tras siete sentencias ‘díscolas’, Ausbanc va a esperar y se fija el horizonte de diez sentencias desfavorables para denunciar al titular del juzgado, porque considera que puede estar incurriendo en un ilícito penal. Según Pineda, la actitud de este juez “causa daño patrimonial a las familias y a la economía de Huelva, ya que hay familias que a lo mejor pierden su casa por el pago que tienen que hacer de más por una cláusula abusiva que ha sido tumbada por el Supremo, y que a lo mejor caen en el desahucio cuand0 podían salvarse”.
Mientras, las causas se acumulan y sólo Ausbanc tiene 300 pendientes, por lo que se piden más medios al Consejo General del Poder Judicial.
