Los principales portavoces de los sectores sindicales y el vicepresidente de Paraguay, Juan Afara, --en representación del Gobierno-- han iniciado este jueves la mesa de diálogo con un primer encuentro en el que se han adoptado las exigencias de los trabajadores y se han establecido los puntos a tratar.
Este encuentro, que había sido reclamado por el propio presidente de Paraguay, Horacio Cartes, tras la huelga general del pasado miércoles --que contó con un seguimiento del 80 por ciento, según los sindicatos-- se ha iniciado después de que el Gobierno de Paraguay aceptase las condiciones de los sindicalistas, que incluían la retirada de demandas contra los dirigentes de los gremios.
Durante esta primera jornada, se han instalado las mesas temáticas para cada sector --docentes, estudiantes, campesinos y obreros-- presente sus reclamos y será la próxima semana cuando se inicien los trabajos en profundidad en cada uno de los campos, según ha explicado uno de los líderes sindicales, Bernardo Rojas, de acuerdo con la información del diario paraguayo 'La Nación'.
MARCHAS PACÍFICAS
Las marchas contra las medidas económicas de Cartes, un empresario que encara su primer mandato presidencial con escasa experiencia política, colapsaron el pasado miércoles las principales arterias de Asunción y de otras ciudades en al menos trece departamentos del país.
Cartes ha conseguido aunar a todos los trabajadores del país en contra de una de sus principales políticas económicas, la Alianza Público-Privada (APP), vista por parte de la sociedad civil como una invitación a la privatización de los recursos y los servicios básicos de Paraguay.
La beligerancia contra la APP es tal que los campesinos han condicionado su presencia en cualquier diálogo con el Gobierno a la derogación de esta ley. "Evidentemente esta es una maniobra más del Gobierno, que solo acude al diálogo cuando se realizan grandes manifestaciones, para luego nunca llegar (a nada)", han manifestado desde la Federación Nacional Campesina (FNC).
REIVINDICACIONES
Además de la supresión de la APP, los trabajadores, que tienen que acudir al contrabando para completar las necesidades básicas, han rechazado la propuesta del Gobierno de subir un 10 por ciento el salario mínimo y han sostenido que el reajuste del mismo debería ser del 25 por ciento.
En ese sentido se mueven el resto de peticiones. Los sindicatos exigen que los precios de los productos básicos estén regulados por ley; que se reduzca el precio del transporte público, al cual muchas familias destinan hasta el 30 por ciento de su salario; y que los seguros sociales se amplíen a más sectores de la sociedad.
Por su parte, el sector educativo lleva desde que se inició el curso, hace poco más de un mes, alertando de la precariedad de muchos centros, así como de las carencias en material básico para poder impartir las clases con normalidad.
