PSOE, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Unión, Progreso y Democracia (UPyD), Coalición Canaria, ERC, BNG y Compromís-Equo han presentado este viernes ante el Tribunal Constitucional (TC) un recurso contra la reforma local al considerar que priva a los ayuntamientos de su autonomía política y de su financiación y que supone "uno de los mayores ataques a la democracia".
El recurso ha sido presentado en la sede del TC por el portavoz del PSOE en la Comisión Constitucional del Congreso, Ramón Jáuregui, acompañado del secretario de Política Local y Autonómica de los socialistas, Gaspar Zarrías, la diputada de IU Ascensión de las Heras, la de UPyD Irene Lozano, Ana Oramas por parte de Coalición Canaria, el de CHA Chesús Yuste y el de Compromís-Equo, Joan Baldoví.
Jáuregui ha explicado que el recurso lo firman más de 130 diputados de casi todos los grupos parlamentarios, por lo que cuenta con un gran respaldo y representa a una "gran mayoría social". Fuera del recurso sólo quedan los parlamentarios del PP, del PNV --que apoyó la reforma local en su tramitación en las Cortes Generales--, CiU --que sí va a presentar recurso desde el Gobierno y el Parlamento catalán-- y varias formaciones del Grupo Mixto.
"La ley va a provocar enormes dificultades para la gestión de los ayuntamientos en España. Ya las está provocando", ha denunciado Jáuregui, para añadir que la norma, en vigor desde 31 de diciembre de 2013, también priva a los ayuntamientos de su capacidad de gestión de la política social, de recursos y de instrumentos para poder llegar cerca de la gente necesitada, algo "absolutamente imprescindible en la España de la pobreza de hoy".
El recurso se suma a los de los Gobiernos autonómicos de Andalucía, Cataluña, Canarias y Asturias, a los de los Parlamentos de dichas comunidades así como el de Extremadura y Navarra, y al que ayer registró el Ayuntamiento de Barcelona en representación de 2.300 municipios españoles a través de la vía denominada conflicto en defensa de la autonomía local.
RESPALDO DE UNA "AMPLIA MAYORÍA SOCIAL"
A este respecto, Jáuregui ha destacado que se trata de la primera vez en la historia democrática de España que se va a presentar un recurso en nombre de los ayuntamientos, los cuales representan, en este caso, "a más de 16 millones de españoles". "Es un recurso ampliamente representativo de una amplia mayoría social española. La mayoría política del PP es minoría social en este recurso", ha apostillado.
Para la diputada de IU, Ascensión de la Heras, la norma supone "uno de los mayores ataques a la democracia", a la autonomía local y a la de las Comunidades Autónomas. "Ante este ataque sin precedentes, una respuesta sin precedentes, por tres vías: desde las Comunidades Autónomas, desde más de 2.000 ayuntamientos por primera vez en la democracia, y hoy, la culminación con este recurso que representamos los diputados mayoritarios de la oposición", ha explicado.
Al igual que Jáuregui, De las Heras ha denunciado que el Gobierno del PP está tratando "demoler" los servicios de proximidad que prestan "con mucha dificultad los ayuntamientos", en un momento "absolutamente imprescindible de atención al ciudadano".
La diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, también ha advertido de que ni los partidos, ni los ayuntamientos ni las Comunidades Autónomas están dispuestos "a que un Gobierno del PP evite que se atienda a los ciudadanos en la peor época que está pasando España".
"Los ayuntamientos pueden dejar de asfaltar las calles, que son competencia propia, pero lo que nunca pueden dejar de hacer es atender al ciudadano que va allí con una problemática social, ni cerrar la guardería, ni quitar la atención domiciliaria, ni dejar de atender a las mujeres maltratadas, aunque no sean competencias propias", ha avisado.
"CHAPUZA INJUSTA"
Por su parte, la diputada de UPyD Irene Lozano ha criticado que la reforma local es "un ejemplo de cómo el PP piensa que por tener mayoría absoluta puede hacer lo que quiera". "Es una chapuza con graves consecuencias", ha agregado, para rechazar asimismo que mientras se recortan la prestación de los servicios sociales, se les mantiene a los ayuntamientos el urbanismo y también que en lugar de acabar con las Diputaciones provinciales, se refuerza su papel.
Por último, el diputado de Compromís-Equo Joan Baldoví también ha tachado la norma de "chapuza" y de ser "injusta", porque se está alejando la Administración de los ciudadanos en temas "tan sensibles" como son las políticas sociales. "No pararemos hasta que esta chapuza de ley se venga abajo", ha avisado.
