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Jueves 05/12/2024
 

Sevilla

Habrá menos consejeros en las empresas locales pero no se limitará su sueldo

El pleno, marcado por la novedad de su retransmisión por internet, aprueba la clasificación de las entidades y organismos públicos a la nueva Ley de Régimen Local. Además, el centro cívico de La Ranilla dejará de llamarse así a petición de uno de los sindicalistas que le dará nombre

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  • Homenajeado -

El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado, con el voto favorable del PP y contrario de PSOE e IU, la clasificación de entidades y organismos que integran el sector público municipal y que supone la diferenciación de estas en tres grupos, dependiendo de su tamaño económico y personal, y la reducción del número de consejeros, en cumplimiento de la nueva Ley del Régimen Local.

   Además, se ha rechazado una enmienda del PSOE que pedía que se estableciera el sueldo del alcalde como máximo para los directivos municipales, una negativa que desde el Ayuntamiento se defiende alegando que la normativa apunta a que éstos límites se establecerán en los Presupuestos Generales del Estado (PGE), por lo que esperará a su publicación.

   Este punto se ha debatido dentro del primer pleno que se retransmite en directo por Internet, ante lo que el alcalde, Juan Ignacio Zoido, ha querido saludar a los internautas tras poner en valor una iniciativa puesta en marcha por primera vez por un gobierno local y que permite al ciudadano tener acceso inmediato al debate sobre la gestión municipal.

   Según la moción aprobada, recogida por Europa Press, el primero de los tres grupos en los que se clasifican las empresas, organismos y entidades municipales recoge a aquellas con un volumen o cifra de negocio de más de 5 millones o 50 trabajadores, que tendrán entre uno y cinco directivos y 15 consejeros como máximo. Aquí están Emasesa, Tussam, Lipasam, el patronato del Real Alcázar, Mercasevilla, el Instituto de Deportes, la Gerencia de Urbanismo, la Agencia Tributaria y el Instituto de Cultura y Artes de Sevilla (ICAS).

   En el grupo segundo se integran los que tienen entre uno y cinco millones de volumen de negocio y entre 11 y 50 trabajadores. Éstos tendrán entre uno y dos directivos y 12 consejeros en el consejo de administración u órgano de gobierno y entre ellos se cuenta el Consorcio de Turismo, Aussa y Contursa, éste último de modo provisional.

   Por último, el tercer grupo lo componen las empresas o entidades de menos de un millón de euros de volumen de negocio y hasta diez empleados, unos organismos que tendrán un directivo y nueve consejeros. Entre ellos, se encuentra, la Corporación de Empresas Municipales de Sevilla (CEMS), Fundación Alberto Jiménez Becerril, Asociación de Promoción Exterior de Sevilla (Appes), Parque de la Corchuela, Asociación Red de Ciudades AVE, Tussoenergía y Copero Huerta Solar.

   Este acuerdo se notificará a las distintas entidades con el objetivo de que en un plazo de tres meses adapten sus estatutos o normas de funcionamiento interno respecto al número de consejeros, entre otros. En este marco, la concejal de Hacienda, Asunción Fley, ha indicado que serán las empresas las que determinen este año el máximo y el mínimo de la retribución, ya que "la ley no establece la cuantía máxima, sino que dice que no podrá superar lo establecido en los presupuestos generales del estado".

"SUELDOS EXCESIVOS MIENTRAS SE PARAN SERVICIOS"

   Por su parte, Espadas ha insistido en la necesidad de que "no se espere más" para decidir un máximo de retribución estableciendo como tope el sueldo del alcalde, alrededor de 50.000 euros. Así, ha dejado claro que lo que se cobraba en el gobierno anterior era "excesivo, pero Zoido los ha seguido manteniendo excesivos, pese a haber reducido algunos", mencionando salarios de directivos que van desde los 90.000 en la Agencia Tributaria de Sevilla a los 150.000 euros del gerente de Fibes.

   Espadas ha pedido "coherencia" y que se tome una medida que permita ahorro de costes salariales de directivos. "No puede ser que se asuma la reforma local como el primero con la paralización de servicios sociales y empleo y a la vez mantener esos sueldos por encima de lo que marca la ley porque los tiempos no están para esas retribuciones", recalca.

   Ante esto, Fley ha defendido la reducción del 33 por ciento de cargos directivos y la media del 20 por ciento en los salarios de los altos cargos y de los directivos, entre los que se encuentra el del gerente de Fibes. "Es mucho dinero el que se ahorra año tras año y no vamos a poner por la puerta de atrás cláusulas adicionales como hace la Junta. Los ciudadanos han pagado durante mucho tiempo estructuras dobladas", concluye.

   Por su parte, el portavoz de IU, José Manuel García, se ha mostrado en contra de la reforma local y de la aplicación que el Ayuntamiento está haciendo porque "supondrá menos democracia municipal, menos servicios públicos y más caros, con un proceso de privatización y reducciones de plantilla", tras lo que ha hecho mención a los colectivos que se concentran este viernes a las puertas del Ayuntamiento.

   "Es una ley nociva contra la arquitectura del país al afectar a principios básicos como la autonomía local", sentencia García, que pide actuaciones que no "paralicen" asuntos como los servicios sociales o los programas de empleo.

HOMENAJE SINDICAL Y CAMBIO DE NOMBRE DEL CENTRO CÍVICO RANILLA

   El Pleno ha aprobado una moción conjunta para cambiar el nombre del centro cívico de La Ranilla por el de Centro Cívico Sindicalistas Soto, Saborido y Acosta, en honor de los sindicalistas de CCOO Fernando Soto, Eduardo Saborido y Francisco Acosta, que estuvieron en la cárcel que fuera en otro tiempo el citado centro cívico. Así, se ha decidido eliminar el nombre de Ranilla, ante la petición de uno de los sindicalistas, que apuntaba a que era el nombre con el que se le conocía despectivamente a la cárcel.

   Zoido ha destacado que se hará así un "homenaje permanente" a los tres sindicalistas, que tuvieron la medalla de la ciudad. "Se trata de reforzar el encuentro de la sociedad civil y lo que supuso su participación para conseguir los derechos de libertad de los ciudadanos", indica.

   En la misma línea, Espadas ha reconocido la asunción de responsabilidades de estos tres sindicalistas para exigir libertad y derechos y que han contribuido a la creación de la democracia. Igualmente, García ha lamentado la "injusticia del olvido a quien luchó por la democracia en España y sufrieron la represión y en muchos casos la muerte", tras lo que "han tenido que pasar muchos años para que se produzca esa justicia y reparación".

AUMENTO DE EDIFICABILIDAD EN LA PALMERA

   Asimismo, ha aprobado inicialmente el Reglamento del Consejo Económico y Social de Sevilla (CESS), por unanimidad, un punto en el que Zoido ha subrayado que se "ha alcanzado un acuerdo en un tiempo razonable", pese a las críticas de oposición que apuntaban a que debía haberse realizado "antes"; mientras que se ha dado el impulso definitivo a la modificación parcial del Reglamento Orgánico de las Juntas Municipales de Distrito,con el voto contrario de la oposición, donde se da cobertura a la aplicación del turno ciudadano.

   También, se ha acordado definitivamente el Plan Especial de Reforma Interior ARI-DBP-03 'Avenida de la Palmera', donde se permite aumentar de 120 a 143 la densidad de viviendas, un asunto en el que el edil socialista Juan Miguel Bazaga ha pedido "celeridad" en las expropiaciones, mientras que el responsable de Urbanismo, Maximiliano Vílchez, ha subrayado que "no hay dudas de que se harán 143 viviendas donde la beneficiaria será Emvisesa y beneficiarán a otros tantos vecinos", aclarando que "se están haciendo las expropiaciones".Por su parte, García ha pedido la convocatoria "de una vez" de la mesa del PGOU para analizar su aplicación.

   Además, se ha aprobado el estudio de detalle de la fábrica de Danone en el Polígono El Pino para la segregación de parcelas, con la abstención del PSOE, cuyo portavoz, Juan Espadas, entiende que se tramitan "muy rápido determinados tipos de acuerdos cuando benefician siempre económicamente a los mismos"; mientras que Vílchez ha insistido en que se realiza "como cualquier otro porque queremos cumplir la ley".

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