El juicio que estaba previsto para este viernes en la Sección Segunda de la Audiencia de Granada contra los cinco acusados de integrar una banda criminal dedicada a la copia ilegal y distribución de CD y DVD a varias ciudades ha sido aplazado hasta el próximo mes de junio.
La incomparecencia de dos de los procesados, uno por problemas con su pasaporte y otro por encontrarse en Senegal, su país de origen, ha obligado al presidente del tribunal a acordar la suspensión de la vista, que ha fijado para los días 9 y 10 de junio, a las 10,00 horas.
Los procesados, que operaban desde Granada y distribuían las copias piratas a Madrid, Valencia, Zaragoza, Sevilla, Ciudad Real, Palma de Mallorca o localidades de la costa malagueña, están acusados de un delito de asociación ilícita y otro contra la propiedad intelectual.
Se trata de M.W., de 29 años, B.W., de 31, los dos hermanos; de E.H.B., de 36, I.B., de 37, y M.B., de 54, pertenecientes a otra familia distinta. El primero, considerado el cabecilla de la banda, se enfrenta a una condena de seis años de prisión y multas de 17.280 euros, mientras que para los cuatro restantes el fiscal reclama una condena de cinco años de cárcel y multas de 15.120 euros.
Según consta en el escrito de acusación provisional del Ministerio Público, al que ha tenido acceso Europa Press, los procesados llevaban desarrollando actividades criminales contra los derechos de propiedad intelectual desde 2001, "valiéndose de una organización estable" de medios y personas inicialmente instalada en Granada en 1997, por otra persona, y por dos de los encausados.
Inicialmente instalados en un piso en la calle Mariano Galera, en Granada capital, lo que era en principio una actividad criminal realizada por miembros de la misma familia, para la reproducción sin permiso de CD y DVD y su posterior venta en la calle, fue desarrollándose poco a poco hasta incorporar nuevos miembros estables y numerosas personas de nacionalidad senegalesa, que colaboraban "forzadas por la situación de necesidad" que sufrían por su llegada irregular a territorio español.
Así, en 2002, "fruto del rendimiento económico de la actividad criminal desplegada", la familia original y los miembros de la otra, que se le unieron después, alquilaron un local cercano al piso anterior, que se dedicó a laboratorio de producción informática de las copias de soporte digital.
Para el abastecimiento de medios de reproducción informáticos, el acusado M.W. alquiló un nuevo local frente a los pisos anteriores, poniéndose al frente otro de los inculpados, B.W., uno de sus hermanos.
El 1 de enero de 2007, se alquiló por otro miembro de la organización otro local en calle Francisca de Alba, con el procesado E.H.B., con varias denuncias por venta ilegal de CD y DVD en la calle, al frente.
A partir de ese momento, la organización dividió la actividad en dos sectores; uno, dedicado a la elaboración de reproducciones ilícitas de CD y DVD destinados a su distribución por grupos de otras provincias, a los que se les remitían por empresas de mensajería; y otro, destinado a la elaboración de obras en soportes digitales para su distribución al por menor por mochileros.
Los pisos desde los que operaban servían además para alojar a diversos inmigrantes senegaleses ilegales, que eran frecuentemente sustituidos por otros, siempre bajo el control de alguno de los acusados, según el ramo de producción al que eran destinados. Los auxiliares vivían, según el fiscal, "hacinados" en una habitación del piso, mientras que el controlador tenía habitación propia. Debían abonar a los miembros del grupo criminal una cantidad mensual por dedicarse a la venta de CD y DVD.
Para el acceso a los laboratorios de producción, los procesados hacían uso de un sistema de señales mediante llamadas cortas a través de sus teléfonos móviles, advirtiendo así al correspondiente controlador, quien realizaba las labores de vigilancia previa a la carga o descarga de material en los pisos y locales, algunos con cristales espejo para evitar la vista exterior.
El grupo contaba para el desarrollo de sus actividades con seis torres controladoras, 55 grabadoras, seis lectores de DVD, dos cámaras de vídeo, 36 móviles, y una CPU, además de dos furgonetas y tres turismos.
El 25 de mayo de 2007, la empresas Lauren Films y otras, así como la Asociación Española de Distribuidores y Editores de Software de Entretenimiento (Adese) formularon una denuncia ante la Unidad de Policía Judicial Local (UPJL) de Granada, poniendo en su conocimiento la realización de estas actividades desde los pisos de la organización.
Así, a través de un dispositivo de seguimiento y vigilancia desplegado por la UPJL durante la primera quincena de junio, se comprobó las relaciones y el 'modus operandi' de los miembros del grupo criminal, y se solicitó orden de registro y entrada. El 13 de junio de 2007, los agentes encontraron más de 30.000 CD, más de 25.000 DVD, además de otros cientos de soportes vírgenes y cerca de 20.000 euros, además de otro material informático.
Según la Fiscalía, la banda, supuestamente liderada por M.W., ha ocasionado un perjuicio económico de 1.713.759 euros, del que las empresas denunciantes, personadas en la causa, reclaman cerca de 80.000 euros.