La Fiscalía de Granada ha rebajado este jueves de ocho a siete años de inhabilitación su petición para los ochos procesados por la operación urbanística relacionada con el Plan Parcial de Cerrillo de Maracena, donde estaba previsto construir el Palacio de Hielo, entre los que se encuentra el que fuera concejal de Urbanismo durante el primer mandato de José Torres Hurtado, Luis Gerardo García Royo (PP), o el exgerente de Urbanismo Manuel Lorente.
En la sexta y última sesión del juicio que se sigue por este asunto desde el día 7 en la Audiencia, el fiscal ha cambiado ligeramente su acusación, considerando a García Royo y a Lorente como presuntos autores de un delito de prevaricación y al resto de los seis procesados como "cooperadores necesarios" o "cómplices".
Así, para los dos primeros ha solicitado la pena mínima por este tipo de delito, siete años de inhabilitación para empleo o cargo público de carácter electivo y sobre cualquier otro que comprenda facultades de contratación de cualquier tipo.
Para los demás, los promotores José Julián Romero y Manuel José Rodríguez Acosta, el que fue secretario de la Junta de Compensación de los terrenos, el vicesecretario del Ayuntamiento, el que fuera jefe del Servicio de Gestión Urbanística desde septiembre de 2006 y el que lo fue hasta esa fecha, pide la misma pena como cooperadores necesarios o alternativamente tres años y medio de inhabilitación si se les considera cómplices. Las defensas, por su parte, han insistido en reclamar la libre absolución de los inculpados.
Los hechos, que fueron denunciados en su día por el Ministerio Público, que entendía que pudo haber apropiación de aprovechamientos urbanísticos del Estado por parte del Ayuntamiento, se remontan al pasado 25 de septiembre de 2005, cuando el entonces edil de Urbanismo y varios promotores inmobiliarios firmaron un convenio para el desarrollo urbanístico del Plan Parcial, con una superficie neta de 177.384 metros cuadrados.
En la exposición de su informe, el representante del Ministerio Público ha dicho que los promotores no pueden considerarse en este caso "como víctimas" puesto que firmaron ese convenio "perfectamente asesorados" y con información de lo que firmaban "exactamente". Así, aunque ha admitido que los cambios en los aprovechamientos urbanísticos --que aumentaron la edificabilidad-- supusieron para los promotores que tuvieran que pagar más por ellos, lo cierto es, según ha indicado, que también fue "bastante favorable" para sus intereses, puesto que obtuvieron parcelas que les cedió el Ayuntamiento para poner en marcha sus negocios.
Además, y más concretamente refiriéndose al promotor José Julián Romero --que se ha quejado durante el proceso de tener todos sus bienes embargados y de estar sentado en el banquillo de los acusados pese a ser la persona que denunció inicialmente la operación--, el fiscal ha considerado que todo se precipitó cuando "estalló la burbuja inmobiliaria" en 2008, y a su empresa, que tenía más suelos en otros puntos del país, "ya no le interesaba" la del Cerrillo de Maracena.
Para la Fiscalía, que ha considerado que este asunto podría haberse llevado a la jurisdicción contencioso-administrativa antes de llegar a la penal, se cometieron "una serie de ilegalidades" desde el convenio firmado con los promotores, "que aceptaron así los riesgos a los que se enfrentaban", hasta el proyecto de reparcelación de los terrenos.
Asimismo, se ha quejado de la escasa "fiscalización" del interventor del Ayuntamiento, que en este caso actuó, según ha dicho, de manera "muy light".
De igual forma, ha criticado la "famosa cláusula" por la que el Ayuntamiento se "apropió" de aprovechamientos urbanísticos que eran de dominio público, y en este caso ha reprochado su actuación tanto al concejal de Urbanismo como al entonces gerente, que lograron un "cajón desastre" donde "meter" suelos que no eran de propiedad municipal.
Desde el miércoles pasado han venido declarando ante la Sala de la Sección Segunda todos los procesados y gran cantidad de técnicos del Ayuntamiento.
En la primera sesión, García Royo negó que existiera "trama" alguna en este asunto y defendió su actuación, que se limitó, según dijo, a hacer caso al criterio de los técnicos municipales. En la segunda sesión siguió la declaración de más procesados, entre ellos el promotor José Julián Romero, que cargó sus críticas contra el Ayuntamiento de Granada asegurando que había sido objeto de "coacciones" por parte del concejal para que firmara el convenio urbanístico relacionado con esta operación, que tachó de "engaño del tocomocho".
El tercer día de juicio, que queda este jueves visto para sentencia, declaró la actual concejal de Urbanismo, Isabel Nieto (PP), que consideró "imposible" que existiera una "trama" durante la tramitación del proyecto, defendiendo además la actuación municipal en este asunto.
Nieto explicó ante el tribunal que todos los planes parciales en la ciudad son objeto de multitud de recursos, y que incluso en una zona contigua a la que está en cuestión se produjo "el mismo caso", pero el asunto no llegó al ámbito penal, sino que se interpuso reclamación en la jurisdicción contencioso-administrativa, que se resolvió con un acuerdo extrajudicial entre Fomento y el Ayuntamiento.
El cuarto día las sesiones continuaron con más testigos, y al quinto compareció, suscitando así el interés de muchos medios de comunicación, el alcalde de la ciudad, José Torres Hurtado, quien, respondiendo a las críticas de Romero, aseguró que nunca hubo "coacciones" a los promotores, aunque dijo desconocer los entresijos técnicos de la operación incidiendo en que tiene delegadas las competencias en los distintos concejales, de manera que él no participa directamente en ninguna conversación con los promotores.
ACUSACIÓN DE LA FISCALÍA
Según la Fiscalía, las conversaciones sobre este asunto se habían iniciado en 2003, y en 2005 se retomaron actuando personalmente, ya como edil, García Royo. En junio de 2005 se presentó en el Ayuntamiento un escrito por los propietarios mayoritarios --J. Julián Consulting S.L., Promociones Arcomarex y Caja Rural de Granada-- anunciando su voluntad de suscribir el convenio urbanístico y, entre otras materias, adquirir los excesos de titularidad municipal de terrenos situados en sistemas generales adscritos al sector del Plan Parcial y excesos de aprovechamiento no atribuibles a otros propietarios.
El convenio se aprobó definitivamente el 31 de marzo de 2006 por la Junta de Gobierno Local, y paralelamente se constituyó la Junta de Compensación sin convocar ni al Ministerio de Fomento ni a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, pese a que en el Plan Parcial estaban incluidos terrenos de su propiedad.
Fueron dos de los procesados, el secretario de la Junta de Compensación y el vicesecretario del Ayuntamiento, quienes "omitieron" cualquier notificación que a estas administraciones "debía hacerse para la defensa de sus derechos", por lo que el proyecto de reparcelación de los terrenos fue presentado ante la Gerencia de Urbanismo en enero de 2007 sin su "conocimiento".
En marzo de 2007, con los informes favorables de los técnicos, el proyecto se aprobó inicialmente, y de manera definitiva en agosto, "pese ni Fomento y la CHG fueron convocadas, advertidas o notificadas de actuación alguna, en contraposición a la actuación llevada a cabo con otros propietarios minoritarios".
Como resultado de todo ello, según el fiscal, se incluyeron en el sector para el cómputo de las unidades de aprovechamiento a cobrar por el Ayuntamiento y pagar por las empresas interesadas, "con el consiguiente aumento irregular de edificabilidad", terrenos que no eran propiedad municipal o no generaban aprovechamiento al no estar desafectadas del uso público.
