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España

Urkullu niega \"ilegalidades\" en la financiación de informaciones pero anuncia más \"trasparencia y control\"

El portavoz del PSE en la Cámara vasca, José Antonio Pastor, ha recordado que dichas informaciones se publicaron sin que en ellas se hiciera mención alguna a que se trataba de espacios pagados por el Gobierno

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  • URKULLU -

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha negado que el Gobierno vasco haya cometido "ilegalidad" alguna a la hora de financiar determinadas informaciones publicadas en medios de comunicación, aunque ha reconocido no estar "satisfecho" con lo ocurrido y ha anunciado que se reforzará la "transparencia" y el "control" de estos patrocinios.

   Por su parte, el Parlamento vasco, con el apoyo de toda la oposición, y el voto en contra del PNV, ha denunciado en una enmienda, que se ha "vulnerado" la Ley de Publicidad y el Código Ético del Gobierno.

   Urkullu ha comparecido este lunes en el Parlamento vasco, a petición del PSE-EE, para informar sobre la polémica surgida en relación con varias informaciones publicadas en el Grupo Noticias, que, según se conoció posteriormente, fueron pagadas por el Gobierno autonómico.

   La comparecencia se ha producido ante la Diputación Permanente, el órgano que sustituye al pleno cuando la Cámara se encuentra fuera del periodo ordinario de sesiones, como ocurre en julio.

   El lehendakari ha explicado que la financiación de estos espacios se hizo a través de la fórmula de "patrocinios", no mediante la vía de campañas de publicidad. En este sentido, ha destacado que la Ley de Publicidad y Comunicación Institucional no se refiere en ningún momento a los patrocinios.

"MEJORAS"

   Urkullu ha cifrado en 55.000 euros el dinero destinado a los patrocinios cuestionados por la oposición. El lehendakari ha explicado que, a diferencia de lo que ocurre con las campañas de publicidad que contrata el Gobierno, los patrocinios surgen a raíz de propuestas que realizan los propios medios de comunicación al Ejecutivo.

   En este sentido, ha destacado que la inversión total en medios de comunicación realizada por su Gobierno en 2013 fue de 4,7 millones de euros -cuatro millones menos que un año antes--, y ha negado que el reparto realizado entre los medios no haya sido "equitativo".

   Respecto al hecho de que las informaciones no se identificaran como espacios financiados por el Ejecutivo, ha asegurado que éste no dio "instrucción alguna" para que se actuara de esa forma. "Si el Gobierno vasco realiza un patrocinio, es el primer interesado en que se conozca su participación", ha añadido.

   Asimismo, ha rechazado que su Gobierno haya pagado por "propaganda" para sacar "ventaja política", dado que los espacios publicados -entre ellos un artículo sobre la LOMCE y una noticia sobre el Hospital de Gernika-- incluyen "informaciones sobre asuntos de interés social".

   Además, ha destacado que la tramitación de estos patrocinios se ha realizado de la misma forma que en los últimos años, a partir de la aprobación de la Ley de Publicidad en 2010.

   De todas formas, ha reconocido que no está "satisfecho con lo ocurrido" y que en este campo se pueden introducir determinadas "mejoras" para lograr una mayor "transparencia" y "control" de los patrocinios.

   Con ese objetivo, ha anunciado que este tipo de contratos deberá contar a partir de ahora con el visto bueno de la Comisión Interdepartamental de Publicidad. Además, con carácter "preventivo", se revisarán todos los patrocinios suscritos "que puedan inducir al error o a la confusión".

   Asimismo, en los contratos que se firmen a partir de este momento se establecerá una cláusula que obligará al medio de comunicación a "identificar" al Gobierno vasco como patrocinador de ese espacio.

   También se solicitará que la comisión que analiza el Código Ético del Gobierno vasco estudie lo ocurrido. Además, el Gobierno vasco enviará cada cuatro meses -en lugar de una vez año, como hasta ahora-un informe sobre sus gastos en publicidad.

   Por otra parte, Urkullu ha anunciado que, ante la denuncia que UPyD ha anunciado que presentará ante los tribunales de justicia en relación a este asunto, el Ejecutivo ofrecerá toda la "colaboración" a los jueces.

"RESPONSABILIDADES"

   Desde el PNV, Joseba Egibar ha negado que el Ejecutivo haya tratado de "ocultar algo" y, en referencia a las medidas anunciadas por Urkullu, ha destacado el "propósito de mejora" del Gobierno vasco.

   Laura Mintegi, de EH Bildu, ha reprochado al Gobierno vasco que haya actuado con el doble objetivo de "beneficiar" a una empresa determinada y de hacer "propaganda directa" mediante los fondos públicos.

   El portavoz del PSE en el Parlamento vasco, José Antonio Pastor, ha criticado que "se hizo pasar por informaciones lo que no era más que pura propaganda", y ha pedido que se esclarezcan las "responsabilidades políticas" por lo ocurrido.

   Por parte del PP, Arantza Quiroga ha denunciado el "abuso de poder" del Ejecutivo, al que ha acusado de "no someterse a la ley" para beneficiar a medios "afines" a través de "engaños" a la población.

   El parlamentario de UPyD, Gorka Maneiro, que ha cifrado en 90.000 euros el dinero gastado en las informaciones cuestionadas, ha reiterado que en los próximos días trasladará lo ocurrido a los tribunales de justicia.

   Tras la comparecencia de Urkullu, EH Bildu, el PSE-EE, PP y UPyD, con el voto en contra del PNV, han aprobado una iniciativa en la que se denuncia que lo ocurrido con estas informaciones pagadas supone una "vulneración" de la Ley de Publicidad y Comunicación Institucional, que establece que la publicidad institucional no debe conducir a errores ni por ambigüedad, ni por inexactitud ni por omisión o cualquier otra circunstancia".

   Además, se requiere al Gobierno a que "adopte cuantas medidas y actuaciones sean necesarias para restablecer la legalidad vulnerada y recuperar el dinero público que se ha destinado a publicidad encubierta".

   Otro de los puntos del texto denuncia la "vulneración" del Código Ético y de Conducta del Ejecutivo, y reclama que la Comisión de Ética Pública analice lo ocurrido. Además, se insta al lehendakari a que "asuma y depure" las responsabilidades políticas que puedan existir.

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