La Fiscalía se apuntó ayer un tanto en su enfrentamiento con el juez Baltasar Garzón al conseguir que la Audiencia Nacional paralice la exhumación de los restos de los desaparecidos en la Guerra Civil y el franquismo hasta que decida si el magistrado es o no competente para investigar los hechos.
La decisión de la Sala de lo Penal –que según fuentes jurídicas consultadas en el tribunal viene a anticipar la que se tomará sobre la competencia– no ha sido unánime, ya que cinco de los quince magistrados que han participado en el pleno se han mostrado a favor de rechazar la petición del fiscal y emitirán un voto particular discrepante.
Tras deliberar durante dos horas, la Sala ha requerido a Garzón para que paralice “todas las actuaciones acordadas en el sumario 53/08 –abierto tras admitir a trámite las denuncias de las asociaciones para la recuperación de la Memoria Histórica– a excepción de las que, de no realizarse ya, causen un perjuicio irreparable e irreversible al fin de la investigación”.
Y por si el juez entendiera que la apertura de fosas es imprescindible en este momento, el tribunal añade: “En particular, requerirle para que se paralicen las actividades tendentes a la exhumación de cadáveres en tanto no se resuelva por esta Sala de lo Penal la cuestión de incompetencia planteada por el Ministerio Fiscal”.
El tribunal ha justificado su acuerdo en el “estricto cumplimiento” del párrafo segundo del artículo 22 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece que “mientras no recaiga decisión (sobre la competencia), cada uno de los jueces instructores seguirá practicando las diligencias necesarias para comprobar el delito y aquellas otras que considere de reconocida urgencia”.
Este precepto, no obstante, establece el procedimiento a seguir “cuando dos o más jueces de instrucción se reputen competentes para actuar en un asunto”, circunstancia que no se da en este caso, ya que ningún otro magistrado ha reclamado la causa a Garzón.Además, la Sala ha decidido estimar la petición de la Fiscalía sin consultar al resto de las partes personadas en la causa –las asociaciones denunciantes–.
En definitiva, el tribunal ha considerado que las exhumaciones “no son ni urgentes ni necesarias”, según han informado fuentes jurídicas, que han añadido que se ha actuado así porque si finalmente se decide que Garzón no es competente para investigar los hechos todas las actuaciones practicadas en la causa serían declaradas nulas.
Aunque Garzón, en el auto del pasado 16 de octubre en el que asumió la competencia, autorizó la apertura de 19 fosas, la Fiscalía sólo ha pedido la paralización de las exhumaciones después de que otro juez –Santiago Pedraz, que sustituye a su compañero, de baja médica– permitiera este jueves su práctica en otros seis lugares.
REACCIONES
Familiares recurrirán la decisión judicial
Las asociaciones de familiares de desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo han anunciado que recurrirán la decisión “inhumana e injusta” de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de acceder a la petición de la Fiscalía para que se paralicen las exhumaciones de restos.
El presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, Emilio Silva, ha calificado de “injusta” la decisión de la Fiscalía, que, a su juicio, supone “atacar a los familiares, el eslabón más débil de este proceso, que están esperando a que se lleven a cabo las exhumaciones”. Silva ha estimado que es “inhumano” que no se piense “en las personas que llevan 70 años esperando para poder dar una sepultura digna a sus familiares”.
Las asociaciones de familiares formularán una petición de nulidad de la decisión adoptada ayer en base al artículo 2.38 de la Ley de Enjuiciamiento, que establece que un acto procesal podrá ser declarado nulo si ha incumplido las normas básicas. El portavoz del colectivo ha apuntado que el hecho de no informar a las partes interesadas, como las asociaciones demandantes, supone un incumplimiento de una de esas normas básicas.
REACCIONES
El PP califica de “acierto” la decisión
El responsable de Justicia del PP, Federico Trillo, dijo ayer que la decisión de la Audiencia Nacional ha sido “un acierto”.
Trillo, en declaraciones a Efe, trasladó su “apoyo inusual” a la Fiscalía. Para el diputado popular, se trata de un “acierto”, pues la decisión impide las exhumaciones hasta determinar la competencia del propio Garzón, algo, según ha remarcado Trillo, “de sentido común”. Por su parte, IU anunció que emprenderá “acciones judiciales contundentes” contra la decisión judicial, una medida que la Audiencia Nacional ha tomado “pasando por encima del respeto a las víctimas y a sus familiares”, según el portavoz de IU en el Congreso, Gaspar Llamazares.
