El Gobierno de la Nación, en respuesta a preguntas del diputado nacional del PSOE por Córdoba, Antonio Hurtado, ha anunciado que actuará con la comarca del Alto Guadiato de Córdoba en los mismos términos que ya lo está haciendo respecto al Principado de Asturias, tras la sentencia sobre el cumplimiento de convenios sostenidos con fondos Miner que ha sido favorable a dicha comunidad autónoma.
Así, en la respuesta escrita, a la que ha accedido Europa Press y que ha dado el Ejecutivo al diputado socialista, se detalla que, a raíz de la citada sentencia, emitida por el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número cuatro, se creará una Comisión Paritaria entre el Gobierno asturiano y el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, al objeto de "analizar la situación de cada convenio y, en su caso, abonar las cantidades que procedan" y "la intención del Gobierno es la de proceder del mismo modo con el resto de comunidades autónomas, incluyendo por supuesto al Alto Guadiato en Córdoba".
Esta ha sido la reacción del Gobierno central a los interrogantes planteados por Hurtado, quien afirmó en la exposición de motivos de su pregunta que "la reciente sentencia sobre el derecho a la percepción de los fondos Miner, que ha sido favorable al Gobierno autonómico asturiano, obliga al Ministerio de Industria, Energía y Turismo a abonar los fondos acordados con el Principado de Asturias, alegando que no puede anular
convenios de obras firmados justificando falta de recursos, sino que tendría que haber realizado una mejor planificación".
En consecuencia, el diputado del PSOE preguntó si "¿tiene previsto el Gobierno asumir esta sentencia y aplicarla, no solo para los convenios Miner firmados en Asturias, sino también a otras cuencas mineras, como es el caso del Guadiato en Córdoba?".
Ante ello, el Gobierno que preside el popular Mariano Rajoy ha señalado en su respuesta que la referida sentencia declara "la obligación por el órgano administrativo competente de determinar, en cada caso, las incidencias que concurran en la ejecución de los convenios de colaboración litigiosos, con identificación de los posibles incumplimientos, a los efectos de establecer el pago de las cantidades que, en su caso, procedan, previa audiencia a la Administración actora, para alegaciones y subsanación de las posibles deficiencias apreciadas".
Sin embargo, según ha aclarado el Ejecutivo central, "no se establece" en la sentencia "la obligación de abonar los fondos, sino de analizar la situación de cada convenio y, en su caso, abonar las cantidades que procedan previa audiencia del Principado de Asturias, como parte actora".
En consecuencia, el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras "ha procedido al estudio detenido del estado de situación y circunstancias que concurren en todos y cada uno de los convenios objeto de la sentencia, encontrándose con una amplia variedad de situaciones, relacionadas fundamentalmente con la documentación justificativa para las posibles liquidaciones de los convenios finalizados, estado de ejecución de los mismos, cantidades concretas a ser liquidadas y reparos emitidos por la Intervención".
Ahora, según concluye el Gobierno en su respuesta, el referido Instituto "está a la espera de recabar la documentación precisa", que ya ha solicitado al Gobierno asturiano, y "que permitirá convocar lo antes posible" la citada Comisión Paritaria, "para establecer de mutuo acuerdo la situación de cada actuación y tomar las decisiones oportunas de acuerdo al mandato de la sentencia" y "la intención del Gobierno es la de proceder del mismo modo con el resto de comunidades autónomas, incluyendo por supuesto al Alto Guadiato en Córdoba".
