El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha responsabilizado a la Secretaría General de Interpol, con sede en Lyon, de rechazar la detención de 19 acusados de crímenes franquitas, entre ellos varios exministros, al entender que la solicitud de la juez argentina María Servini tiene "naturaleza política".
Catalá ha asegurado que el Gobierno "no ha hecho otra cosa" que aplicar los procedimientos establecidos y trabajar de acuerdo al convenio de Interpol en la persecución de crímenes de lesa humanidad para que "no sean desvirtuados por razones de índole política".
"La Secretaría General, que nos merece todo el respeto, ha desestimado la solicitud", ha señalado el ministro, para recalcar que ha sido el propio órgano el que, de acuerdo con sus institutos, ha creído que la petición "tiene naturaleza política".
Frustrada esta petición de detención, el ministro ha afirmado que si Servini decide emitir una solicitud de extradición el Gobierno la estudiará y fijará su posición. En cualquier caso, ha vuelto a vaticinar que la Audiencia Nacional la rechazará atendiendo a la decisión que adoptó el pasado abril con el inspector 'Billy el Niño' y el 'capitán Muñecas'.
Para Catalá, el Estado de Derecho funciona y los tribunales enjuician y sentencian, por lo que "parece innecesario" que este caso esté sometido a un "enjuiciamiento exterior" máxime cuando la Audiencia Nacional ya ha valorado un caso "muy equivalente".
Así ha respondido en el Pleno del Congreso al ser preguntado por el portavoz de Justicia del PNV, Emilio Olabarria, sobre los motivos por los cuales el Gobierno "obstaculiza" la causa sobre los crímenes del franquismo abierta por la jueza argentina María Servini y la detención de las 19 personas vinculadas al régimen franquista, entre ellos los exministros José Utrera Molina y Rodolfo Martín Villa, a las que la jueza quiere tomar declaración.
Nada más conocerse que Interpol había iniciado diligencias para la identificación de las personas reclamadas por Servini, Catalá vaticinó que la Audiencia Nacional denegará su extradición a Argentina alegando la prescripción de los hechos y recordando la Ley de Amnistía de 1977.
En paralelo, la Policía Nacional avanzó que no procederá a detener a estas personas. En concreto, Interpol España ha alegado ante su Secretaria General, con sede en Lyon, una resolución aprobada por este organismo en 2010 y que afecta a la cooperación en el caso de solicitudes relacionadas con los delitos de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra.
