El presidente de la Asociación en Defensa del Territorio del Aljarafe (ADTA), Juan Antonio Morales, ha celebrado la decisión de la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, dirigida por Jesús Maeztu, de incoar una "actuación de oficio" sobre el papel jugado por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y el Ayuntamiento de Castilleja de Guzmán (Sevilla), gobernado por Carmelo Ceba (PSOE), en la escuela de hostelería.
Así, la oficina de Maeztu les ha pedido informes a dichas administraciones para aclarar "los motivos por los que no se realizó un seguimiento de la resolución adoptada para su ejecución y se aprobó la modificación del planeamiento en un intento de legalizar la actuación en vez de instruir la anulación de oficio de la licencia otorgada". Además, demanda también saber "si se van a iniciar actuaciones para determinar si se ha incurrido en responsabilidad por parte de las autoridades o funcionarios".
En declaraciones a Europa Press, Morales ha criticado que el primer edil "siga intentando minimizar los efectos de una decisión disparatada", asegurando que, "a pesar de saber que era ilegal, no deja de insistir en que se legalice".
En este sentido, ha lamentado la "decisión discrecional" del socialista sobre una "cuestión regalada", calificando su actuación de "cacicada", y ha agregado que el de Castilleja de Guzmán fue uno de los primeros ayuntamientos "objeto de la retirada de competencias" por parte de la Junta de Andalucía y, a pesar de ello, insiste, "sigue llevando a cabo este urbanismo salvaje".
Por este motivo, el presidente de ADTA ha defendido que la escuela de hostelería "debe derribarse", ya que "es así" como lo dicta "la legalidad".
De otro lado, ha apostillado que el primer edil también ha intentado "ocultar" el carácter de especial protección de toda la Cornisa, a su juicio, con el fin de que en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) se contemplara la posibilidad de "construir un instituto en dicho suelo". Un terreno que, en su opinión, es "muy inestable y cuenta con pendientes considerables".
LOS HECHOS
Como se recordará, este conflicto deriva del recurso de un colectivo de vecinos de dicho municipio contra la aprobación definitiva, en 2009, de una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Castilleja en lo referente a la ordenación y nueva delimitación de las parcelas de espacios libres y equipamientos ubicadas entre las calles Álvarez Quintero y Gustavo Adolfo Bécquer.
Según el fallo del TSJA, ratificado en 2014 por el Tribunal Supremo, esta modificación del planeamiento urbano tenía como destino no los "intereses generales, sino intentar enmendar una actuación de ilegalidad provocada por el propio Ayuntamiento", en lo que se refiere a la reordenación en la que se encuadraba el proyecto de escuela de hostelería, dado que los trabajos estaban ya en marcha cuando prosperó la modificación del planeamiento.
Y es que los 16.012 metros cuadrados dedicados a la escuela de hostelería, según la modificación de las normas subsidiarias de Castilleja aprobada en 2001, estaban inicialmente declarados espacios libres y se permitía sólo la construcción de instalaciones "al aire libre", quioscos, bares o equipamientos culturales al aire libre.
