Los partidos con representación en el Ayuntamiento de San Roque valoraron la semana pasada la imputación del alcalde y candidato socialista, Juan Carlos Ruiz Boix, por impedir en 2013 la grabación de un pleno. Se le acusa de los presuntos delitos de coacciones y prevaricación.
Ayer fue el candidato de Ciudadanos (C´s), Luis Borjas, quien hizo su valoración a VIVA: “Es coherente que se rechace, ya que es anticonstitucional lo que él realizó. En las grabaciones se ve perfectamente cómo lo desalojan. Yo, incluso, abriría un expediente disciplinario al Jefe Superior de la Policía Local que desalojó al compañero. Hay que depurar responsabilidad, por la Ley 2/86 de los Cuerpos de Seguridad”.
El candidato de C´s considera que tener un alcalde imputado perjudica la imagen del municipio. “Los que votan ya no son víctimas, sino cómplices de un alcalde imputado. SI él o el partido a nivel nacional lo ve necesario, deberá dimitir”. Y aunque no piden su dimisión, apuntan que “nada más que por moralidad, debería dimitir”.
Borjas afirma tajantemente que, en caso de que el PSOE necesitara pactar para gobernar, no lo apoyaría. “Bajo ningún concepto. Vamos a pactar casos puntuales, pues son las directrices del partido, para que San Roque obtenga lo mejor. No buscamos ninguna silla, ni ningún cargo. Salimos a ganar, pero si la mayoría no nos apoya, tendremos que pactar casos puntuales y coherentes.
Graba tu pleno
Desde esta plataforma nacional han valorado muy positivamente la imputación del acalde. Tanto Óscar Gagliarde como Félix Moreno, representantes de Mojácar y Alicante, mostraron ayer a VIVA su satisfacción al conocer la imputación del alcalde sanroqueño.
Ambos insistieron que la Ley de Transparencia Andaluza recoge ya el derecho a grabar los plenos.
Posible inhabillitación
El representante de Alicante de la Plataforma Graba tu Pleno, Félix Moreno, explicó que “es la primera vez que avanzamos en el tema en el ámbito penal. Se ha considerado que saltarse la Constitución e ir contra su artículo 20, del Derecho a la Información es delito”. Así, lo ven muy positivo, ya que “si esto sigue adelante, seguramente se le inhabilite para ejercer como primer edil y nunca más a un alcalde en España se le ocurrirá impedir grabar un pleno”.
