Un jefe de servicio de Promoción Rural de la Consejería de Agricultura ha afirmado hoy que le extrañó el hecho de que se aprobara una certificación de 4,2 millones de euros para unas obras de riego en las marismas del Guadalquivir en Sevilla porque estaban en "un estado de deterioro que daba pena".
Julio Martín Jorreto, que fue jefe entre el 2003 y el 2010, ha declarado como imputado ante el juez de instrucción 16 de Sevilla, Juan Gutiérrez Casillas, que ha imputado a 21 personas en la investigación sobre la subvención pública de 40 millones de euros concedida en el 2004 para modernizar riegos de las marismas.
Cuando visitó las obras, le comentó a la técnico que le acompañaba "cómo era posible que aquello pudiera haber sido certificado" porque "estaba en gran estado de deterioro por el paso del tiempo, con barro e inundaciones de agua, con tuberías saltadas por no estar conexas", según el acta de su declaración, a la que ha tenido acceso Efe.
Al decir cómo era posible que se hubiese certificado el trabajo, ha dicho que quería aludir a que "no estaba bien hecho y el deterioro había conseguido romper cosas", y ha añadido que también pudo darse el deterioro porque en el momento de su paralización, la obra no estaba concluida.
La Fiscalía, por su parte, asegura que esa certificación de 4,2 millones de euros era "absolutamente inveraz", uno de los aspectos que se investiga en este caso junto a la irregular concesión de las obras.
Por su participación en esa certificación, la Fiscalía acusa a cuatro personas, entre ellas al expresidente de la Comunidad de Regantes de las Marismas del Guadalquivir entre el 2000 y el 2009, Diego García Santos, que hoy ha declarado como imputado.
En su declaración, ha dicho que el encargado de todas las cuestiones técnicas, de las subvenciones y del funcionamiento de la comunidad correspondía al gerente, que ya ha fallecido.
El expresidente de los regantes ha indicado que el gerente le comunicó que, según la Junta de Andalucía, había que hacer una primera certificación por lo que se hubiese realizado, y el resto en acopio, porque en caso contrario el dinero se devolvía y faltaría para culminar el proyecto.
Ha apuntado que vio "miles de metro de tuberías" en la zona y que si hubiera sospechado que esa certificación no era real, no la hubiera firmado.
Tras asegurar que no ha tenido un lucro ilícito, ha señalado que los técnicos le dijeron que las obras estaban ejecutadas en un 80 % y que deben estar en mal estado "por el tiempo de abandono que lleva".
Ante el juez ya han declarado tres ex altos cargos de la Junta, uno de los cuales dijo que hubo "benevolencias" por parte de la Junta para que esa obra cumpliera los plazos y requisitos formales, mientras que otros dos coincidieron en afirmar que su consejero pidió actuar ante las irregularidades detectadas en la adjudicación de las obras de riego.
