La Universidad Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla ha apuntado a la existencia de un fondo unificado y cohesionado para el auxilio a alumnos en circunstancias de precariedad, conformado por distintos programas de ayuda y con vocación de activarse en función de las necesidades, que en la actualidad roza los 100.000 euros, después de un año y medio de trabajo en el que se partió de una bolsa base de unos 50.000 euros.
En una entrevista concedida a Europa Press, el rector de la UPO, Vicente Guzmán, ha explicado que, no obstante, desde la institución académica se seguirá trabajando para incrementar dicho fondo, ya que considera que la universidad, como servicio público, debe ser capaz de cubrir las urgencias de cualquier estudiante que las acredite y que por mor de éstas se vea imposibilitado para costearse los estudios.
"Seguiremos actuando desde la universidad en alianza con otras instituciones", ha asegurado Guzmán, aludiendo a los convenios existentes con Cáritas Universitaria, Fundación Persán, La Caixa o Sevillana Endesa, entre otras, "que afortunadamente se ponen de acuerdo y pueden dotar fondos para que aquellos alumnos que no tengan ninguna otra forma de solventar su problema de pago puedan hacerlo".
Para el rector, los recursos que llegan desde las universidades, ayuntamientos e instituciones públicas y privadas, unidos a las medidas promovidas por la Junta de Andalucía en el marco de una política más "comprensiva y razonable" respecto a las universidades y la educación superior --la bajada de tasas, el fraccionamiento de pagos o las becas para el nivel B1 de Idiomas-- pueden hacer viable el conseguir que ningún estudiante abandone la carrera por no poder pagar.
Es más, Guzmán asegura que "si algún estudiante se quedara fuera por esta razón debemos seguir haciendo un esfuerzo, porque para mí es innegociable el evitar que nadie pueda abandonar por ello". Con estos elementos "lo puedo garantizar, y no permitiría que fuera de otra forma: si no se lograra, como universidad y servicio público tendríamos que plantearnos seriamente muchas cosas".
Y es que, si bien hay casos en los que la universidad no puede hacer nada, como cuando un alumno pretende irse de forma voluntaria, por ejemplo, para empezar a trabajar, "todo el que venga a pedir ayuda para los estudios tiene que ser atendido, e incluso nosotros tenemos que anticiparnos un poco".
El pasado ejercicio la UPO contaba con un registro de unos 700 estudiantes considerados en situación de riesgo, de una manera u otra, por privación de la beca o situación económica familiar precaria, lo que hacía que pudieran precisar de algún tipo de ayuda; ahora, Guzmán afirma que con los datos actuales "a todos los hemos podido ayudar de una manera u otra". Así, si hay un caso especial sobrevenido, el rector se compromete a buscar la vía de ayuda pertinente.
Por otra parte, el rector ha cifrado en un 23,3 por ciento el número de alumnos que se ha acogido al fraccionamiento de la matrícula en cinco pagos en el curso 2014-15, curso en el que el número de beneficiarios de las becas del Ministerio en esta sede académica se sitúa en el 35,4 por ciento.
