El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha cifrado este martes en "unos 200" los presos que se encuentran bajo programas de vigilancia por riesgo yihadista en las cárceles españolas. Según ha explicado, todos ellos están diferenciados en tres grupos en función de su grado de radicalización o perfiles de riesgo y ha añadido que estas iniciativas "se actualizan y se adaptan en función de las circunstancias de cada momento".
En declaraciones a los medios de comunicación en el Congreso de los Diputados, el ministro ha explicado que hasta 2012, 8 de cada 10 procesos de radicalización se daban en las prisiones o en los entornos de los centros de culto, pero ahora la mayoría se da a través de las redes sociales. No obstante, para el control de este fenómeno en las cárceles españolas, se sigue un plan específico iniciado tras los atentados del 11-M y que se ha ido perfeccionando desde entonces.
El pasado mes de febrero, cuando sólo habían pasado unas semanas del atentado contra Charlie Hebdo, Instituciones Penitenciarias aprobó una nueva Instrucción interna a la que tuvo acceso Europa Press mediante la cual ordenaba ampliar la vigilancia de los presos islamistas aumentando el número de reclusos a los que se dará este tratamiento de presos FIES en el colectivo "características especiales".
Tal y como ha recordado este martes el ministro, existen tres categorías para clasificar a los presos islamistas: A (altamente radicalizados), B (medianamente radicalizados) y C (suspectibles de radicalización). Los del A y B ya recibían el tratamiento de presos FIES, pero se excluía "de forma expresa" a los del grupo C. La novedad tras el atentado de Charlie Hebdo es que Prisiones decidió incluirles también.
"Convergen en la actualidad circunstancias para modificar la categorización del Grupo C", indicaba la instrucción en la que se hacía referencia al "Plan estratégico nacional de la lucha contra la radicalización violenta" aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 30 de enero.
Separación en distintos módulos, control de sus relaciones personales en el exterior, incautación de obras de autores radicales o hasta el control de sus cuentas de peculio en busca de movimientos sospechosos de dinero. Estas y otras medidas se recogen en las distintas iniciativas elaboradas por Instituciones Penitenciarias mediante las cuales las autoridades españolas han intensificado en los últimos meses el control de los presos islamistas en prisión.
